Seis detenidos en Melillas por yihadismo.
La Policía Nacional desarrolla registros en varios domicilios dentro de una operación dirigida por la Audiencia Nacional
La Policía Nacional detuvo el viernes 17 de abril de 2026 en Melilla a seis personas por su presunta vinculación con el terrorismo yihadista. La operación fue coordinada por la Comisaría General de Información del Ministerio del Interior y dirigida por la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de terrorismo. Los arrestos se produjeron desde primeras horas de la mañana tras el registro de varios domicilios en la ciudad autónoma.
Los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Estaba previsto que fueran evacuados por vía aérea a Madrid para pasar a disposición del juzgado central competente de la Audiencia Nacional en los días posteriores a la operación.
La actuación se enmarca en una línea de investigaciones desarrolladas en Melilla durante los últimos meses contra el terrorismo yihadista. En enero de 2026 se produjo una detención y el 10 de marzo otra por presunta participación en delitos de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento, autoadoctrinamiento y adoctrinamiento a terceros. En esta última investigación, las pesquisas apuntaban al uso de redes sociales y encuentros presenciales para captar a mujeres jóvenes vulnerables.
El valor operativo de la operación es elevado. Melilla, por su posición geográfica, densidad urbana y entorno fronterizo, es un espacio especialmente sensible para las unidades de información. Las investigaciones de terrorismo yihadista suelen combinar vigilancia física, análisis de comunicaciones, seguimiento de redes sociales, estudio de contactos y coordinación judicial. La entrada simultánea en varios domicilios indica que los investigadores buscaban asegurar pruebas y evitar destrucción de material relevante.
La complejidad policial también deriva de la fase en la que se actúa. En investigaciones de radicalización y captación, el reto está en intervenir antes de que el riesgo evolucione hacia acciones concretas, pero con indicios suficientes para sostener una imputación penal. Por ello, la actuación de la Comisaría General de Información y la dirección de la Audiencia Nacional resultan determinantes.
Hasta que se conozca el contenido de las diligencias judiciales, no pueden precisarse más detalles sobre el grado de implicación de cada detenido. El caso confirma, en todo caso, la continuidad de la presión policial sobre posibles estructuras de radicalización yihadista y la importancia de vigilar tanto los entornos presenciales como los espacios digitales de captación.
