Policías y guardias civiles vuelven a la calle por la equiparación y la jubilación anticipada

Miles de policias y guardias civiles reclaman la equiparación a Mossos d’Esquadra y Ertzaintza.

Madrid volvió a ser este sábado el escenario de una protesta que reabre uno de los conflictos más persistentes entre el Ministerio del Interior y una parte relevante de policías nacionales y guardias civiles. Miles de agentes, convocados por Jusapol, Jupol y Jucil, recorrieron el centro de la capital desde la Puerta del Sol hasta el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno tres reivindicaciones que consideran todavía pendientes: una equiparación salarial “real”, la jubilación anticipada en condiciones equiparables a las de Mossos d’Esquadra y Ertzaintza, y el reconocimiento de la profesión policial como profesión de riesgo. La organización cifró la asistencia en 15.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno rebajó esa cifra a 4.500 asistentes.

La movilización llega en un momento especialmente sensible para el colectivo. El malestar ya no se centra solo en una reclamación genérica sobre salarios, sino en el desarrollo normativo de la jubilación anticipada. Según Europa Press, durante la protesta los convocantes acusaron al Ejecutivo de mantener “reiterados incumplimientos” y de no ejecutar con la rapidez exigida una medida que consideran respaldada por una sentencia del Tribunal Supremo favorable a los policías nacionales encuadrados en la Seguridad Social. RTVE también recoge que ese es ahora el principal caballo de batalla de las organizaciones convocantes.

El punto de fricción está en el borrador del real decreto que estudia Interior. Las organizaciones policiales críticas sostienen que el texto deja fuera a la totalidad de los guardias civiles y a una parte muy importante de la Policía Nacional: los agentes adscritos a Clases Pasivas, es decir, quienes ingresaron antes de 2011. Esa exclusión, de confirmarse en el texto definitivo, consolidaría un sistema a dos velocidades dentro de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que los sindicatos consideran inaceptable.

Durante el acto, los portavoces de las organizaciones convocantes elevaron el tono político y jurídico del conflicto. Defendieron que la jubilación anticipada no puede seguir aplazándose y la presentaron como una cuestión de igualdad con otros cuerpos policiales autonómicos que ya cuentan con ese marco. También insistieron en que la profesión policial debe ser reconocida como una actividad de riesgo por la exposición permanente a situaciones de violencia, estrés operativo, intervenciones armadas y presión psicológica.

En paralelo, el debate sigue abierto en sede parlamentaria. En el Congreso figura una iniciativa legislativa relacionada con la inclusión de Policía Nacional y Guardia Civil entre los colectivos con coeficientes reductores de la edad de jubilación, una señal de que la discusión continúa viva tanto en el plano sindical como en el institucional.

Frente a estas críticas, el Ministerio del Interior mantiene que ya ejecutó el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 con una dotación superior a 800 millones de euros y con incrementos salariales medios que cifra en torno al 40%. Sin embargo, para los convocantes la brecha con otras policías no está cerrada y el problema de fondo sigue intacto.

La manifestación de Madrid deja así una lectura clara: el conflicto no se ha apagado. Al contrario, entra en una nueva fase, más concreta y más incómoda para el Gobierno, porque ya no gira solo en torno a promesas incumplidas, sino a un borrador legal cuyo alcance real ha despertado un nuevo frente de contestación entre policías y guardias civiles.