La Policía busca a Vito Quiles tras personarse en la sede de EDA TV para detenerlo
Toni Martinez 
Los agentes acudieron este miércoles al canal donde trabaja el comunicador, pero no lo localizaron.
Los agentes acudieron este miércoles al canal donde trabaja el comunicador, pero no lo localizaron. La orden judicial se produce en un contexto de varias causas abiertas contra él y de recientes sanciones en el Congreso.
La Policía Nacional se personó este miércoles 1 de julio de 2026 en la sede de EDA TV, el canal digital en el que trabaja Vito Zoppellari Quiles, conocido públicamente como Vito Quiles, con una orden de búsqueda y captura para proceder a su detención. Los agentes acudieron a las instalaciones del medio en la calle Lagasca de Madrid, pero no pudieron arrestarlo porque no se encontraba allí en ese momento.
La medida judicial sitúa de nuevo al comunicador en el centro de la polémica política, mediática y judicial. Hasta el momento, no ha trascendido oficialmente cuál de las causas abiertas contra Quiles ha motivado la orden de detención. El origen concreto de la medida no está aclarado, aunque hay algunos medios que apuntan a que la orden estaría relacionada con la falta de atención a citaciones judiciales dentro de alguno de los procedimientos que mantiene abiertos.
Tras conocerse la actuación policial, Quiles difundió en redes sociales su propia versión de los hechos. El comunicador atribuyó la orden a una supuesta campaña de denuncias promovida por el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de su incidente con Begoña Gómez. Su defensa también ha trasladado sorpresa por la medida y sostiene que está personada en varios juzgados, entre ellos Sevilla, Madrid, Majadahonda y Alicante.
El caso llega después de varios meses de acumulación de frentes judiciales y administrativos para Quiles. Entre los procedimientos mencionados por distintas informaciones figuran una causa por presuntas injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, secretario general de Facua; una investigación por presunta revelación de secretos y acoso contra Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica; una denuncia de Renfe por presunta estafa; y un procedimiento relacionado con un presunto delito contra la integridad moral de una mujer con discapacidad intelectual.
En el procedimiento de Facua, una jueza de Sevilla procesó a Quiles por presuntos delitos de injurias y calumnias contra Rubén Sánchez. La acusación particular solicita nueve años de prisión por tres delitos continuados de calumnias con agravante de odio ideológico, además de multa, indemnización y otras medidas accesorias. La propia causa ha tenido ya episodios previos relacionados con dificultades para citar al investigado, aunque Rubén Sánchez ha aclarado que la orden actual no estaría vinculada a su procedimiento.
Otro de los asuntos que rodea al comunicador es la querella presentada por Beatriz Corredor después de que Quiles difundiera datos e imágenes vinculados a su domicilio tras el apagón eléctrico de abril de 2025. Quiles declaró en abril ante un juzgado de Madrid y defendió que sus publicaciones estaban amparadas por la libertad de expresión y por un supuesto interés informativo, mientras la denunciante solicitó medidas para proteger su intimidad.
También Renfe presentó una denuncia contra Quiles por un presunto delito de estafa. La compañía ferroviaria sostiene que el comunicador habría comprado billetes solo para parte del recorrido, pese a realizar trayectos completos, y que habría usado salas VIP sin autorización. RTVE informó de que Renfe cifró provisionalmente el perjuicio económico en 850 euros.
La dimensión política del caso se ha intensificado en las últimas semanas por la situación de Quiles en el Congreso de los Diputados. La Mesa de la Cámara retiró durante tres meses su acreditación de prensa por una doble infracción grave relacionada con la grabación y difusión de imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una zona no autorizada. Posteriormente, el Congreso también impidió que Quiles accediera como invitado de Vox a una jornada sobre libertad de expresión.
El antecedente más reciente con mayor repercusión pública fue el incidente con Begoña Gómez en una cafetería de Las Rozas, en Madrid. La esposa del presidente denunció a Quiles por agresión, pero un juzgado de Majadahonda archivó provisionalmente la denuncia al considerar que, tras revisar las grabaciones disponibles, no se habían acreditado hechos con relevancia penal. La resolución podía ser recurrida.
A falta de que se conozca el juzgado concreto que ha dictado la orden y la causa exacta que la motiva, la situación procesal de Quiles queda marcada por dos elementos: por un lado, la existencia de una orden judicial de búsqueda y captura; por otro, la ausencia de una detención efectiva en el operativo llevado a cabo en la sede de EDA TV. Hasta ahora, la Policía no ha informado públicamente de que el comunicador haya sido localizado o puesto a disposición judicial.
El caso vuelve a abrir el debate sobre los límites entre activismo político, actividad mediática, libertad de expresión y responsabilidad penal. Para sus defensores, Quiles es víctima de una persecución política derivada de su confrontación con el Gobierno y con figuras del entorno socialista. Para sus críticos y denunciantes, sus actuaciones forman parte de una dinámica de hostigamiento, señalamiento público y difusión de acusaciones graves sin base suficiente. La decisión judicial que ha activado su búsqueda será clave para determinar si el asunto queda en una comparecencia forzosa ante un juzgado o si deriva en nuevas medidas cautelares.