La Guardia Civil rastrea contratos de patrocinio de la Diputación de Cádiz en una causa por presunto blanqueo ligado al narcotráfico
Toni Martinez 
La Guardia Civil ha situado bajo la lupa varios contratos públicos de patrocinio concedidos por la Diputación de Cádiz en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
Los agentes han requerido cinco expedientes vinculados a conciertos promovidos por un empresario de El Puerto de Santa María. La investigación, dirigida por un juzgado portuense y la Fiscalía Antidroga, permanece bajo secreto de sumario.
La Guardia Civil ha situado bajo la lupa varios contratos públicos de patrocinio concedidos por la Diputación de Cádiz en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El operativo se desplegó este miércoles, 1 de julio de 2026, entre las provincias de Cádiz y Sevilla, con actuaciones en negocios de ocio y hostelería de El Puerto de Santa María y con requerimientos de documentación en dependencias provinciales ubicadas en el Edificio Roma de la Diputación gaditana.
La causa está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María y cuenta con la intervención de la Fiscalía Antidroga. Las diligencias permanecen bajo secreto de sumario, lo que limita por ahora el alcance público de la investigación y obliga a tratar con prudencia cualquier atribución penal. Según fuentes consultadas, las pesquisas afectarían a varios empresarios y no consta, en este momento, la implicación directa de responsables políticos en la presunta trama.
El foco policial se ha dirigido hacia el empresario portuense Pascual Llopis, vinculado al sector del ocio, la hostelería y la organización de festivales. Diversos medios locales lo relacionan con establecimientos como Banana, Margarita o Babu, además de con el festival Puro Latino. Los agentes investigan a Llopis y a varios socios en Sevilla y Cádiz por un posible delito de blanqueo de capitales.
La actuación en la Diputación se centró en el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, coordinada por Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María, diputado provincial y vicepresidente cuarto de la institución. La Diputación, a través de su portavoz Juancho Ortiz, explicó que agentes procedentes de Sevilla se personaron para solicitar información sobre expedientes de contratos de patrocinio dentro de una investigación en curso, y aseguró que el personal técnico facilitó la documentación requerida.
Según la versión difundida por el propio Beardo, los agentes pidieron cinco expedientes de contratos públicos de patrocinio relacionados con conciertos promovidos por el empresario investigado en distintas localidades de la provincia. El dirigente del PP negó que se hubiese producido un registro en su despacho y sostuvo que acudió al Edificio Roma “sin ser requerido” para apoyar al personal técnico, abandonando después las dependencias al no ser necesaria su presencia.
Los contratos bajo revisión apuntan a una línea de financiación pública mediante patrocinios de eventos musicales. En el portal de Gobierno Abierto de la Diputación de Cádiz figura, por ejemplo, un contrato privado negociado sin publicidad para el “Patrocinio Puro Latino Fest”, formalizado el 18 de julio de 2025 con Soko Fest Music IAE por un importe de adjudicación de 50.000 euros.
Además, los registros de contratación pública recopilados por Gobierto reflejan adjudicaciones a Luna Bahía S.L. vinculadas al Pal Sur Festival por importes relevantes: 314.049,59 euros en 2025 y 454.545,45 euros en 2026, ambas mediante procedimiento negociado sin publicidad y con una sola oferta. El expediente de 2026 corresponde al “PAL SUR Festival 2026 – Circuito Diputación de Cádiz”, previsto en nueve municipios de la provincia entre mayo y septiembre.
La Guardia Civil también habría solicitado información a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía por contratos de publicidad o patrocinio relacionados con estos eventos. Los agentes se interesaron tanto por documentación de la Diputación como por expedientes autonómicos vinculados a festivales o conciertos promovidos por el empresario investigado.
El caso ha abierto un frente político inmediato en Cádiz. El PSOE provincial, a través de Juan Carlos Ruiz Boix, ha reclamado “la mayor transparencia” al Partido Popular y ha pedido explicaciones sobre la actuación de la Guardia Civil en la institución provincial. Izquierda Unida también ha exigido aclaraciones a la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, por la investigación que afecta a un empresario relacionado con eventos que han contado con patrocinios públicos.
La clave judicial estará ahora en determinar si esos contratos de patrocinio responden a una actividad ordinaria de promoción cultural y turística o si, como sospechan los investigadores en el marco de la causa secreta, pudieron servir para canalizar, justificar o encubrir fondos de origen ilícito. Por el momento, no se han hecho públicos autos, imputaciones formales ni una descripción oficial del supuesto modus operandi.
La investigación se encuentra en una fase inicial y bajo secreto, por lo que cualquier conclusión definitiva sería prematura. Lo relevante, de momento, es que la Guardia Civil ha intervenido documentación pública relativa a patrocinios de conciertos, ha registrado negocios del empresario investigado y ha ampliado las diligencias a varias administraciones con las que este habría mantenido relaciones contractuales. El caso combina tres elementos sensibles: dinero público, ocio de masas y una sospecha de blanqueo vinculada al narcotráfico.