Toni Martinez 
Desmantelada una plataforma de pirateria para ver La Liga.
Un hombre está investigado por facilitar el acceso ilegal a partidos de Primera y Segunda División a través de un entramado digital con más de 26.000 seguidores activos
La Guardia Civil ha neutralizado una de las redes digitales utilizadas para acceder de forma ilegal a retransmisiones en directo de partidos de fútbol de Primera y Segunda División. La actuación, desarrollada por agentes de la Comandancia de Madrid, se inició tras una denuncia presentada por representantes legales de LaLiga y de Telefónica, como entidad afectada por la emisión no autorizada de contenidos deportivos protegidos.
El caso se salda, por el momento, con un varón investigado por su presunta participación en un entramado que promovía el acceso no autorizado a partidos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion. Según la información difundida por EFE, el investigado distribuía instrucciones, manuales y enlaces mediante un canal de mensajería que superaba los 26.000 seguidores activos.
La plataforma ha sido identificada por distintos medios como KodiSpain o Kodispain, un complemento o ‘addon’ asociado al entorno de Kodi, un reproductor multimedia legal que puede ser ampliado mediante extensiones. El elemento investigado no sería la herramienta base, sino el uso presuntamente ilícito de componentes añadidos para redirigir a los usuarios hacia fuentes audiovisuales no autorizadas.
La operación tiene un componente técnico relevante. Los investigadores analizaron más de 91.000 archivos y alrededor de 25.000 líneas de código para reconstruir el funcionamiento del sistema e identificar su estructura operativa. De acuerdo con las informaciones contrastadas, el software empleado habría servido para sortear medidas de protección y seguridad de las emisiones oficiales.
El caso no se limita al perjuicio económico para los titulares de derechos audiovisuales. La Guardia Civil también ha advertido del riesgo para los propios usuarios que instalan programas o complementos de procedencia desconocida. Estas herramientas pueden abrir la puerta a malware, virus, robo de datos o accesos no autorizados a dispositivos electrónicos, especialmente en ordenadores, televisores inteligentes o dispositivos tipo TV Box.
La actuación se enmarca en la ofensiva sostenida contra la piratería audiovisual en España. En noviembre de 2024, la Guardia Civil ya desactivó Cristal Azul, considerado entonces uno de los principales canales de ‘streaming’ pirata del país, con unos 78.000 usuarios y un perjuicio estimado superior a los 42 millones de euros.
Además, en abril de 2026 se conoció una sentencia de la Audiencia Nacional contra una red internacional de IPTV ilegal, con multas e indemnizaciones superiores a los 43 millones de euros. Aquella resolución afectó a una estructura con millones de usuarios y reforzó el frente judicial contra las redes que comercializan o facilitan contenidos audiovisuales sin autorización.
La clave de este nuevo caso está en la evolución del modelo de piratería. Ya no se trata únicamente de páginas web visibles o enlaces compartidos de forma puntual, sino de ecosistemas digitales que combinan canales de mensajería, repositorios de código, manuales de instalación, complementos modificados y comunidades de usuarios. Esa arquitectura dificulta la persecución, pero también deja rastro técnico suficiente para que los investigadores puedan reconstruir el itinerario digital del fraude.
La operación confirma, además, el papel creciente de la colaboración público-privada en este tipo de investigaciones. La desactivación del entramado ha sido posible, según la Guardia Civil, gracias a la cooperación entre entidades privadas afectadas y organismos públicos especializados. En la práctica, la denuncia inicial de los titulares de derechos, el análisis forense del código y el rastreo de actividad en redes y canales de comunicación son ya piezas habituales en las investigaciones contra la piratería audiovisual.
Por ahora, el procedimiento continúa con un investigado por presuntos delitos contra la propiedad intelectual y contra el mercado y los consumidores. No consta, en las fuentes contrastadas, que se haya comunicado una detención ni una cifra oficial de perjuicio económico específica para este caso concreto. El golpe, sin embargo, llega en un momento de fuerte presión institucional y judicial contra las plataformas que ofrecen fútbol de pago sin autorización.