Dos policías, entre los 14 detenidos en una nueva ofensiva contra la trama de blanqueo ligada al ‘narcopolicía’ de la UDEF
Toni Martinez 
Asuntos Internos y la UCO despliegan registros en cinco provincias para desarticular la estructura financiera que habría lavado beneficios del narcotráfico mediante sociedades, inversiones y activos digitales.
Asuntos Internos y la UCO despliegan registros en cinco provincias para desarticular la estructura financiera que habría lavado beneficios del narcotráfico mediante sociedades, inversiones y activos digitales. La operación vuelve a situar en el centro del caso a Ignacio Torán, presunto socio del exjefe de la UDEF Óscar Sánchez Gil.
La investigación sobre una de las mayores tramas de corrupción policial y narcotráfico descubiertas en España continúa ampliándose.
La Policía Nacional ha detenido a 14 personas, entre ellas dos agentes del propio cuerpo, por su presunta participación en una estructura dedicada a blanquear capitales procedentes del tráfico internacional de cocaína. El operativo se ha desarrollado simultáneamente en Madrid, Guadalajara, Málaga, Barcelona y Tarragona y constituye una nueva fase de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el entramado relacionado con el exjefe de la UDEF de Madrid, Óscar Sánchez Gil.
La actuación ha sido dirigida por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con la participación de otras unidades, entre ellas la Unidad de Drogas y Crimen Organizado —Udyco— y el apoyo de la Unidad Central Operativa —UCO— de la Guardia Civil.
Los arrestados están siendo investigados por su supuesta intervención en operaciones destinadas a introducir en el circuito legal grandes cantidades de dinero obtenidas por organizaciones internacionales de narcotráfico.
La dimensión más delicada del operativo es la detención de dos policías nacionales. Su presencia entre los investigados vuelve a plantear la posibilidad de que la organización criminal hubiera contado no solo con asesores financieros, empresarios o testaferros, sino también con apoyos dentro de las estructuras encargadas de combatir el narcotráfico y el blanqueo.
La responsabilidad de todos ellos deberá determinarse durante la instrucción. Por ahora, las detenciones no equivalen a una condena y los investigados mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
Una operación ordenada por la Audiencia Nacional
La nueva fase ha sido impulsada por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Francisco de Jorge.
Las diligencias derivan de la investigación que en noviembre de 2024 provocó la detención de Óscar Sánchez Gil, entonces inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal —UDEF— en Madrid.
El hallazgo que convirtió aquel procedimiento en uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años fue la localización de más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en paredes, techos y compartimentos de varias propiedades vinculadas al mando policial. En su despacho de la Jefatura Superior de Madrid también fueron encontrados cerca de un millón de euros guardados en armarios.
La investigación sostiene que Sánchez Gil habría colaborado durante años con una organización dedicada a introducir cocaína en España a través de contenedores marítimos.
Su función habría consistido presuntamente en proporcionar información reservada, avisar de investigaciones policiales y facilitar que determinados cargamentos atravesaran los controles sin ser interceptados.
A cambio, habría recibido cantidades millonarias que después necesitaban ser ocultadas, fragmentadas o integradas en negocios aparentemente legales.
Ignacio Torán, el supuesto socio del exjefe de la UDEF
La nueva operación vuelve a señalar a Ignacio Torán, considerado por los investigadores uno de los principales responsables de la red de narcotráfico y el interlocutor central del exjefe policial.
Según la Unidad de Asuntos Internos, Torán habría actuado como responsable de la importación de grandes cargamentos de cocaína y como “socio e interlocutor principal” de Sánchez Gil.
Los investigadores atribuyen a la organización la entrada en España de al menos 39 contenedores, de los que solo dos habrían sido intervenidos, con una carga estimada de unas 73 toneladas de cocaína.
Por ese supuesto servicio de protección y colaboración, Torán habría pagado al policía más de 32 millones de euros, según los datos incorporados a la investigación.
La magnitud de esas cifras explica por qué la causa ha dejado de centrarse únicamente en la entrada de droga y ha pasado a investigar también una compleja estructura de blanqueo.
Una organización capaz de mover decenas de toneladas de cocaína necesita transformar cantidades extraordinarias de efectivo en patrimonio aparentemente legal. Ese proceso exige sociedades, intermediarios financieros, testaferros, inversiones y, en algunos casos, la colaboración de profesionales con conocimientos bancarios, fiscales o jurídicos.
Del alijo de 13 toneladas a la caída del mando policial
El origen inmediato de la investigación está vinculado a la incautación, en octubre de 2024, de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras.
La droga estaba oculta entre cajas de plátanos dentro de un contenedor procedente de Guayaquil, en Ecuador. Se trató del mayor alijo de cocaína descubierto hasta entonces en España en un solo contenedor y de uno de los mayores decomisos de este tipo registrados a escala internacional.
El valor de la mercancía fue estimado entre 400 y 700 millones de euros, dependiendo de su grado de pureza, distribución y venta final.
La inspección del contenedor permitió avanzar en una investigación que ya estaba abierta por orden de la Fiscalía Antidroga y de la Audiencia Nacional.
Las pesquisas condujeron hasta Óscar Sánchez Gil. Lo que inicialmente parecía una investigación sobre una organización de importadores de cocaína acabó revelando la posible participación de un alto mando policial especializado precisamente en delitos económicos y blanqueo de capitales.
La operación dejó al descubierto una contradicción de enorme gravedad institucional: el responsable de una unidad dedicada a investigar fraudes y circuitos financieros ilícitos habría utilizado presuntamente sus conocimientos y posición para proteger una red criminal y ocultar sus beneficios.
Una estructura financiera diseñada para ocultar el dinero
La operación desarrollada ahora se centra especialmente en el entramado financiero que habría permitido canalizar los beneficios del narcotráfico.
Los investigadores sospechan que el dinero fue blanqueado mediante sociedades mercantiles, inversiones inmobiliarias, activos digitales y negocios capaces de justificar ingresos aparentemente legales.
Las detenciones se han producido en distintas provincias, lo que refleja la dispersión territorial de la estructura.
Madrid aparece como uno de los centros financieros y societarios. Málaga habría funcionado como punto de inversión en bienes de lujo y actividades vinculadas al sector inmobiliario. Barcelona y Tarragona estarían relacionadas con sociedades, intermediarios y operaciones económicas bajo investigación. Guadalajara aparece también incluida en el dispositivo coordinado.
La Policía trata ahora de determinar qué función desempeñaba cada detenido: quién recibía el dinero en efectivo, quién lo introducía en cuentas bancarias, quién creaba o administraba empresas, quién compraba bienes y quién facilitaba la conversión de fondos en activos digitales.
Mansiones, VTC y loterías
Los informes elaborados durante la investigación describen una estructura de blanqueo mucho más amplia de lo que inicialmente se sospechaba.
Entre los bienes y negocios vinculados presuntamente a Ignacio Torán figuran propiedades de lujo en Dubái, viviendas en Colombia, chalés en Ibiza y una casa en Pozuelo de Alarcón.
El patrimonio consolidado en Dubái superaría los 20 millones de euros. Entre los inmuebles identificados aparecerían una mansión situada en Palm Jumeirah valorada en más de diez millones, un apartamento de 7,7 millones y otras propiedades todavía en construcción.
Los investigadores también detectaron el uso de empresas sin actividad económica real que controlaban sociedades dedicadas a sectores aparentemente legítimos.
Uno de los principales instrumentos habría sido el negocio de las licencias de vehículos de transporte con conductor —VTC—. Las sociedades relacionadas con Torán habrían controlado más de 50 licencias y vehículos, algunos de alta gama.
Otra vía investigada son las administraciones de lotería. La estructura habría utilizado premios para justificar la entrada de fondos. Los informes recogen el cobro de varios premios que sumaban cientos de miles de euros.
La compra de boletos premiados a sus titulares es una técnica conocida de blanqueo: el delincuente paga al ganador una cantidad superior al premio y después cobra oficialmente el dinero, que aparece documentado como un ingreso legal.
Oro, relojes y bienes de lujo
La red también habría empleado oro, joyas, relojes de alta gama y bolsos de lujo para transformar el dinero del narcotráfico en bienes de fácil transporte y reventa.
Los investigadores han documentado conversaciones sobre la compra de lingotes de oro de un kilogramo, valorados en torno a 100.000 euros cada uno.
También aparecen operaciones con relojes adornados con diamantes, rubíes y esmeraldas, algunos de ellos valorados en más de medio millón de euros.
Estos productos resultan atractivos para las organizaciones criminales porque concentran un gran valor en poco espacio, pueden transportarse con relativa facilidad y venderse posteriormente en distintos mercados internacionales.
Parte de las adquisiciones habría sido pagada en efectivo y otra mediante criptoactivos, lo que añadía una nueva capa de dificultad al rastreo financiero.
El papel de los activos digitales
La investigación también ha analizado empresas y estructuras relacionadas con criptomonedas.
En febrero de 2026 fueron detenidas cuatro personas por su supuesta participación en el blanqueo, entre ellas Francisco de Borbón, pariente lejano del rey emérito.
Su nombre figuraba entre los fundadores de una empresa de criptomonedas registrada en Irlanda. En esa sociedad se habrían almacenado unos 20 millones de dólares en distintos activos digitales, según la documentación incorporada al procedimiento.
La empresa no contaba con página web ni teléfono de contacto, una circunstancia que despertó las sospechas de los investigadores.
El uso de criptoactivos no hace desaparecer automáticamente la trazabilidad del dinero. Las transacciones quedan registradas en las cadenas de bloques. Sin embargo, la utilización de múltiples monederos, plataformas internacionales, intermediarios y operaciones entre particulares puede dificultar la identificación del beneficiario real.
La investigación debe determinar ahora si alguno de los detenidos en esta nueva fase administraba monederos digitales, realizaba conversiones entre efectivo y criptomonedas o facilitaba empresas para justificar las operaciones.
Dos policías bajo sospecha
La detención de dos agentes nacionales supone el elemento de mayor impacto institucional de esta fase.
No ha trascendido todavía su destino profesional, rango, antigüedad ni relación concreta con el entramado.
Tampoco se ha aclarado si proporcionaban información reservada, facilitaban contactos, intervenían directamente en operaciones financieras o actuaban como titulares o administradores de bienes.
La Unidad de Asuntos Internos deberá reconstruir sus comunicaciones, movimientos patrimoniales, relaciones profesionales y posibles accesos a bases de datos policiales.
En las investigaciones de corrupción vinculadas al narcotráfico, el acceso a información interna tiene un enorme valor para las organizaciones criminales.
Conocer qué contenedores van a ser inspeccionados, qué teléfonos están intervenidos, qué personas están vigiladas o qué operaciones permanecen abiertas puede permitir a una red evitar incautaciones y modificar sus rutas.
Por ese motivo, cualquier sospecha sobre agentes policiales exige una investigación separada y especialmente protegida para evitar filtraciones.
El desafío de investigar desde dentro
La operación vuelve a poner de relieve el papel de las unidades de asuntos internos.
Investigar a miembros del propio cuerpo presenta dificultades específicas. Los agentes sospechosos conocen las técnicas policiales, los procedimientos de vigilancia, los sistemas de comunicación y las medidas habituales de seguridad.
También pueden saber qué comportamientos despiertan sospechas y cómo evitar dejar pruebas directas.
En este caso, la investigación ha requerido la colaboración entre la Unidad de Asuntos Internos, la Udyco, la UCO de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional.
Esa combinación permite separar funciones, reducir el riesgo de filtraciones y reunir capacidades distintas: investigación patrimonial, seguimiento de narcotráfico, análisis de comunicaciones y control de estructuras societarias.
La cooperación entre cuerpos resulta especialmente relevante cuando la propia investigación afecta a miembros de las fuerzas de seguridad.
Una red con dimensión internacional
El procedimiento no se limita al territorio español.
La presunta organización habría trabajado con proveedores de cocaína en América Latina y utilizado estructuras societarias y patrimoniales en Emiratos Árabes Unidos, Panamá, Estados Unidos, Irlanda y otros países.
Las investigaciones sitúan parte del patrimonio en Dubái, uno de los principales centros internacionales de inversión inmobiliaria de lujo.
También aparecen sociedades registradas en jurisdicciones con modelos fiscales y mercantiles que dificultan la identificación inmediata de los titulares reales.
Para seguir esos fondos será necesaria la cooperación judicial internacional, el intercambio de información bancaria y la intervención de unidades especializadas en recuperación de activos.
El objetivo no es únicamente demostrar la existencia del delito de narcotráfico. La investigación debe identificar el patrimonio generado, inmovilizarlo y evitar que siga produciendo beneficios para la organización.
Los delitos investigados
La causa principal investiga presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho, pertenencia a organización criminal, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.
En el caso de los agentes detenidos, la calificación dependerá del papel que se les atribuya.
Si hubieran recibido dinero o beneficios a cambio de actuaciones relacionadas con su cargo, podrían enfrentarse a delitos de cohecho.
Si hubieran facilitado información reservada, podría investigarse una revelación de secretos.
Y si hubieran colaborado de forma estable con la organización, podría apreciarse pertenencia o integración en grupo criminal.
El blanqueo de capitales castiga a quien adquiere, posee, utiliza, convierte o transmite bienes sabiendo que proceden de una actividad delictiva, así como a quien realiza actos destinados a ocultar su origen.
La utilización de sociedades, testaferros o inversiones no elimina la responsabilidad si se acredita que los implicados conocían el origen ilícito del dinero.
Una causa todavía abierta
Las 14 detenciones no cierran el procedimiento.
Los registros practicados pueden aportar teléfonos, ordenadores, documentación mercantil, contratos, claves de monederos digitales, agendas, facturas y justificantes bancarios.
El análisis de esos materiales puede provocar nuevas imputaciones y revelar otros circuitos de blanqueo.
También deberá aclararse si los arrestados trabajaban exclusivamente para la red de Ignacio Torán o prestaban servicios financieros a otras organizaciones de narcotráfico.
La investigación apunta precisamente a una estructura capaz de lavar dinero para distintas redes internacionales, lo que ampliaría considerablemente el alcance de la causa.
La nueva operación confirma que el hallazgo de los millones emparedados en la vivienda del exjefe de la UDEF no era el final del caso, sino el punto de partida para reconstruir una maquinaria financiera mucho más extensa.
Detrás del dinero escondido habría existido una red de sociedades, inversiones, bienes de lujo y activos digitales diseñada para transformar los beneficios de decenas de toneladas de cocaína en patrimonio aparentemente legítimo.
Y la detención de otros dos policías refuerza la cuestión más grave de todo el procedimiento: hasta qué punto el narcotráfico pudo infiltrarse en los organismos encargados de investigarlo y utilizar sus conocimientos, contactos y sistemas de información para proteger uno de los negocios criminales más lucrativos de Europa.