Cae en Granada una red que convirtió DNI copiados en créditos, compras y una estafa masiva
Toni Martinez 
Cae en Granada una red que convirtió DNI copiados en créditos.
La Policía Nacional desarticula una organización asentada en la provincia granadina a la que atribuye más de 400.000 euros defraudados y unas 300 víctimas, en una operación que destapa graves fallos en la custodia de datos personales y un sofisticado sistema de suplantación de identidad.
La caída de la organización criminal investigada en Granada deja algo más que un balance policial llamativo: revela hasta qué punto un documento de identidad en manos ajenas puede convertirse en la llave de acceso a préstamos rápidos, compras financiadas y operaciones fraudulentas en cadena. La operación, bautizada como “Minority Report”, ha permitido desarticular una trama a la que se atribuye un fraude superior a los 400.000 euros y la victimización de alrededor de 300 personas, la mayoría en la provincia granadina. La versión difundida por Europa Press y replicada por otros medios sitúa en 12 los arrestados, mientras otras publicaciones elevan la cifra a 13; en ambos casos, la investigación coincide en la magnitud del entramado y en el elevado número de perjudicados.
El corazón del fraude estaba en la obtención ilícita de documentación real. Según la investigación, una empleada de una tienda de telefonía ubicada en un centro comercial de Granada desempeñaba un papel clave al copiar o fotografiar los DNI de clientes que acudían a realizar gestiones ordinarias. Con esa base documental, la red activaba tarjetas SIM prepago y construía una identidad operativa con la que solicitar microcréditos y financiación al consumo en nombre de terceros. No se trataba, por tanto, de una estafa puntual, sino de una arquitectura criminal apoyada en datos auténticos, apariencia de legalidad y rapidez de ejecución.
La mercancía obtenida mediante esos créditos dibuja también el perfil del negocio. Los investigados habrían financiado la compra online de teléfonos móviles de alta gama, televisores, tabletas, patinetes eléctricos, colchones e incluso una minimoto. Parte de esos bienes eran revendidos posteriormente, mientras otra parte del dinero se destinaba, siempre según la investigación, a sufragar tratamientos para mejorar la apariencia física, desde implantes capilares hasta intervenciones estéticas. Ese detalle añade una dimensión especialmente reveladora: el fraude no solo servía para obtener liquidez, sino para sostener un nivel de consumo imposible de justificar por vías legales.
La trama, además, contaba con apoyo logístico. Las pesquisas apuntan a la participación de un repartidor que desviaba paquetes hacia domicilios controlados por la organización, evitando que los productos llegaran a las direcciones vinculadas a las identidades suplantadas. Esa pieza encaja con la imagen de una estructura repartida por funciones: captación de datos, activación de líneas, contratación de financiación, recepción de pedidos y salida del producto al mercado secundario. No era una suma de pequeños timos, sino una operativa organizada y persistente.
Los registros practicados durante la operación refuerzan esa conclusión. Los agentes intervinieron alrededor de 250 tarjetas SIM prepago, abundante documentación de identidad y más de 260 plantas de marihuana. Además, tras la detención de uno de los principales investigados, la Policía localizó en varios terminales móviles más de 1.000 fotografías de DNI, más de 150 imágenes de tarjetas bancarias ajenas y unas 300 capturas de pedidos online, un volumen de material que sugiere una actividad prolongada y un alcance potencial aún mayor del inicialmente detectado.
El caso deja una lectura inquietante. La organización no necesitaba técnicas especialmente complejas para abrir la puerta al fraude: le bastaba con acceder a documentación auténtica y aprovechar la velocidad de los sistemas de contratación remota. Ahí reside el verdadero alcance de esta operación en Granada: no solo desmantela una red criminal, sino que expone la fragilidad del ciudadano cuando sus datos personales dejan de estar bajo control y pasan a alimentar una maquinaria de estafa industrial.