La Policía busca a Vito Quiles tras personarse en la sede de EDA TV para detenerlo
Toni Martinez 
Los agentes acudieron este miércoles al canal donde trabaja el comunicador, pero no lo localizaron.
Los agentes acudieron este miércoles al canal donde trabaja el comunicador, pero no lo localizaron. La orden judicial se dicta en un contexto de varias causas abiertas contra él y de recientes sanciones en el Congreso.
Vito Quiles busca y captura: la Policía Nacional se presentó este miércoles 1 de julio de 2026 en la sede de EDA TV, el canal digital donde trabaja Vito Zoppellari Quiles, conocido públicamente como Vito Quiles, con una orden judicial para proceder a su detención.
Los agentes acudieron a las instalaciones del medio, situadas en la calle Lagasca de Madrid, pero no pudieron arrestarlo porque el comunicador no se encontraba allí en ese momento.
La medida judicial vuelve a situar a Quiles en el centro de la polémica política, mediática y judicial. Por ahora, no ha trascendido oficialmente cuál de las causas abiertas contra él ha motivado la orden de detención.
El origen concreto de la medida no está aclarado. Algunas informaciones apuntan a que podría estar relacionada con la falta de atención a citaciones judiciales dentro de alguno de los procedimientos que mantiene abiertos.
Vito Quiles busca y captura: la Policía acude a EDA TV
La actuación policial en la sede de EDA TV se produjo durante la jornada de este miércoles. Los agentes acudieron al canal con la intención de localizar al comunicador y ejecutar la orden dictada por la autoridad judicial.
La intervención no terminó con su detención, ya que Quiles no se encontraba en las instalaciones del medio cuando llegaron los policías.
El caso ha tenido una repercusión inmediata por el perfil público del comunicador, su actividad en redes sociales y su presencia habitual en espacios vinculados a la confrontación política.
A falta de una explicación oficial sobre el juzgado que ha dictado la orden y el procedimiento concreto que la motiva, la situación queda marcada por una orden judicial de búsqueda y captura que, al menos durante el operativo en EDA TV, no pudo hacerse efectiva.
La versión de Quiles tras la actuación policial
Tras conocerse la actuación policial, Quiles difundió en redes sociales su propia versión de los hechos. El comunicador atribuyó la orden a una supuesta campaña de denuncias impulsada por el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de su incidente con Begoña Gómez.
Su defensa también ha expresado sorpresa por la medida y sostiene que está personada en varios juzgados, entre ellos Sevilla, Madrid, Majadahonda y Alicante.
El comunicador mantiene que las actuaciones judiciales contra él forman parte de una ofensiva política y mediática derivada de su actividad pública.
Sus críticos, en cambio, sostienen que sus actuaciones han traspasado en varias ocasiones los límites de la libertad de expresión y han derivado en denuncias por señalamientos, acusaciones públicas o difusión de datos personales.
Varias causas abiertas contra el comunicador
El caso llega después de varios meses de acumulación de frentes judiciales y administrativos para Quiles.
Entre los procedimientos mencionados por distintas informaciones figuran una causa por presuntas injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, secretario general de Facua; una investigación por presunta revelación de secretos y acoso contra Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica; una denuncia de Renfe por presunta estafa; y un procedimiento relacionado con un presunto delito contra la integridad moral de una mujer con discapacidad intelectual.
Por el momento, no se ha confirmado públicamente cuál de estos asuntos está directamente vinculado a la orden de búsqueda y captura.
El procedimiento de Facua
En el procedimiento de Facua, una jueza de Sevilla procesó a Quiles por presuntos delitos de injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, secretario general de la organización de consumidores.
La acusación particular solicita nueve años de prisión por tres delitos continuados de calumnias con agravante de odio ideológico, además de multa, indemnización y otras medidas accesorias.
La propia causa ha tenido ya episodios previos relacionados con dificultades para citar al investigado. Sin embargo, Rubén Sánchez ha aclarado que la orden actual no estaría vinculada a su procedimiento.
Este matiz resulta relevante porque evita atribuir la medida policial a una causa concreta sin confirmación oficial.
La querella de Beatriz Corredor
Otro de los asuntos que rodean al comunicador es la querella presentada por Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica y exministra, después de que Quiles difundiera datos e imágenes vinculados a su domicilio tras el apagón eléctrico de abril de 2025.
Quiles declaró en abril ante un juzgado de Madrid y defendió que sus publicaciones estaban amparadas por la libertad de expresión y por un supuesto interés informativo.
La denunciante solicitó medidas para proteger su intimidad, al considerar que la difusión de esos datos podía suponer una exposición personal injustificada.
La investigación trata de determinar si los hechos encajan en un delito de revelación de secretos o si, como sostiene la defensa del comunicador, forman parte de una actividad comunicativa protegida.
La denuncia de Renfe por presunta estafa
También Renfe presentó una denuncia contra Quiles por un presunto delito de estafa.
La compañía ferroviaria sostiene que el comunicador habría comprado billetes solo para parte del recorrido pese a realizar trayectos completos, y que habría utilizado salas VIP sin autorización.
RTVE informó de que Renfe cifró provisionalmente el perjuicio económico en 850 euros.
Este procedimiento se suma al conjunto de frentes judiciales y administrativos que rodean al comunicador en los últimos meses.
La sanción del Congreso de los Diputados
La dimensión política del caso se ha intensificado también por la situación de Quiles en el Congreso de los Diputados.
La Mesa de la Cámara retiró durante tres meses su acreditación de prensa por una doble infracción grave relacionada con la grabación y difusión de imágenes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en una zona no autorizada.
Posteriormente, el Congreso también impidió que Quiles accediera como invitado de Vox a una jornada sobre libertad de expresión.
Estas decisiones han alimentado el debate sobre los límites entre actividad periodística, activismo político, normas institucionales y comportamiento dentro de espacios parlamentarios.
El antecedente del incidente con Begoña Gómez
El antecedente más reciente con mayor repercusión pública fue el incidente con Begoña Gómez en una cafetería de Las Rozas, en Madrid.
La esposa del presidente del Gobierno denunció a Quiles por agresión, pero un juzgado de Majadahonda archivó provisionalmente la denuncia al considerar que, tras revisar las grabaciones disponibles, no se habían acreditado hechos con relevancia penal.
La resolución podía ser recurrida.
Este episodio fue utilizado por Quiles para reforzar su tesis de que existe una ofensiva contra él vinculada a su actividad informativa y política.
Una orden judicial todavía sin explicación pública completa
A falta de que se conozca el juzgado concreto que ha dictado la orden y la causa exacta que la motiva, la situación procesal de Quiles queda marcada por dos elementos.
Por un lado, la existencia de una orden judicial de búsqueda y captura. Por otro, la ausencia de una detención efectiva en el operativo llevado a cabo en la sede de EDA TV.
Hasta el cierre de esta información, la Policía no ha informado públicamente de que el comunicador haya sido localizado o puesto a disposición judicial.
El caso de Vito Quiles busca y captura vuelve a abrir el debate sobre los límites entre activismo político, actividad mediática, libertad de expresión y responsabilidad penal.
Para sus defensores, Quiles es víctima de una persecución política derivada de su confrontación con el Gobierno y con figuras del entorno socialista.
Para sus críticos y denunciantes, sus actuaciones forman parte de una dinámica de hostigamiento, señalamiento público y difusión de acusaciones graves sin base suficiente.
La decisión judicial que ha activado su búsqueda será clave para determinar si el asunto queda en una comparecencia forzosa ante un juzgado o si deriva en nuevas medidas cautelares.