La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Soria en una investigación por corrupción y blanqueo
Toni Martinez 
La Operación Fuentona sacude el Ayuntamiento de Soria con registros, detenciones y contratos bajo sospecha
La operación se saldó inicialmente con seis detenidos, entre ellos la concejala Yolanda Santos, y se centra en presuntas irregularidades vinculadas a contratos municipales. Las diligencias permanecen bajo secreto de sumario.
La Guardia Civil ha abierto una investigación de alto impacto institucional en Soria tras registrar durante casi doce horas varias dependencias del Ayuntamiento de la capital y practicar inicialmente seis detenciones, cuatro en la provincia soriana y dos en la Comunidad de Madrid. Entre las personas arrestadas figura Yolanda Santos, hasta ahora concejala de Turismo, Medio Ambiente y Comercio del Consistorio.
La operación, conocida en varios medios como Operación Fuentona, se desarrolla bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria y a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria está al frente de las diligencias.
Según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno, la investigación se dirige a esclarecer la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Las actuaciones se encuentran declaradas secretas, por lo que no se ha detallado oficialmente el contenido de los registros ni el papel concreto atribuido a cada investigado.
El registro en el Ayuntamiento comenzó a primera hora de la mañana y finalizó ya avanzada la tarde. Tras concluir la actuación, Yolanda Santos fue trasladada a dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil en Soria. Los detenidos quedaron a disposición judicial una vez concluidas las diligencias policiales.
El foco de las pesquisas se sitúa en la relación entre el Ayuntamiento de Soria y la empresa Biosfera Soria SL, dedicada a actividades medioambientales, turismo activo y programas de conciliación. La sociedad ha sido vinculada a la concejala investigada, que habría formado parte de la empresa antes de incorporarse al equipo de gobierno municipal.
Las informaciones conocidas apuntan a que el Ayuntamiento adjudicó durante los últimos años distintos contratos a esa empresa. La investigación deberá determinar si esas adjudicaciones se ajustaron a la legalidad, si existieron incompatibilidades, si se produjo trato de favor o si hubo personas interpuestas para ocultar intereses reales.
El Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, aseguró desde el primer momento que estaba colaborando con la justicia y facilitando toda la documentación requerida por los agentes. El Consistorio también anunció medidas internas, entre ellas la suspensión cautelar de las delegaciones de la concejala investigada mientras se aclaraban los hechos.
La dimensión política del caso se intensificó después de conocerse la detención de Santos. La oposición exigió explicaciones públicas al equipo de gobierno y al anterior alcalde, Carlos Martínez, actual dirigente socialista en Castilla y León, al considerar que los contratos investigados se habrían producido durante su etapa al frente del Ayuntamiento.
Tras pasar a disposición judicial, Yolanda Santos quedó en libertad provisional y anunció su renuncia al acta de concejala y su baja como militante del PSOE. En su comunicado, defendió que tomaba la decisión por responsabilidad personal e institucional y para no perjudicar ni al Ayuntamiento ni al partido.
La investigación tiene todavía muchos elementos pendientes. El secreto de sumario impide conocer el detalle de las pruebas recabadas, el contenido de los documentos intervenidos y el grado de participación atribuido a cada persona. También deberá aclararse si los contratos investigados fueron adjudicados conforme a los procedimientos ordinarios o si existieron maniobras destinadas a beneficiar a una empresa concreta.
El caso es especialmente sensible porque afecta al núcleo de la contratación pública municipal. Los delitos investigados apuntan a una posible utilización irregular de recursos públicos, pero será la instrucción judicial la que determine si hubo conducta delictiva o si las adjudicaciones cuestionadas quedan finalmente justificadas.
Desde el punto de vista penal, la causa puede avanzar por varias líneas. La prevaricación administrativa exigiría acreditar una resolución injusta dictada a sabiendas. El tráfico de influencias implicaría una presión o aprovechamiento de una posición pública para obtener un beneficio. Las actividades prohibidas a funcionarios se relacionarían con posibles incompatibilidades. El blanqueo de capitales, por su parte, obligaría a demostrar que determinados fondos procedían de una actividad ilícita y que fueron ocultados o integrados en el circuito económico.
La mención a organización criminal eleva la gravedad potencial del procedimiento, pero debe manejarse con prudencia. En una fase inicial, esa calificación forma parte del marco de investigación y no equivale a una condena ni a una conclusión judicial firme.
La Operación Fuentona deja abierto un caso de fuerte impacto en la política municipal soriana. Por ahora, lo confirmado es el registro del Ayuntamiento, la detención inicial de varios investigados, la implicación de la ya exconcejala Yolanda Santos, la existencia de una línea de investigación sobre contratos municipales y el mantenimiento del secreto de las diligencias.
Hasta que se levante el secreto de sumario y avance la instrucción, todos los investigados mantienen la presunción de inocencia.