Investigan a un menor de 14 años por atropellar presuntamente de forma intencionada a un policía local en Sanlúcar
Toni Martinez 
Una intervención rutinaria de la Policía Local de Sanlúcar de Barrameda acabó con un agente herido y con un menor de 14 años investigado por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro contra la seguridad vial.
El agente resultó herido durante una intervención en la calle Molinillo, después de que una patrulla diera el alto a una motocicleta con dos menores que circulaba en dirección prohibida. Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores.
Una intervención rutinaria de la Policía Local de Sanlúcar de Barrameda acabó con un agente herido y con un menor de 14 años investigado por un presunto delito de atentado contra agente de la autoridad y otro contra la seguridad vial. Los hechos ocurrieron en la tarde del jueves 25 de junio, sobre las 18:00 horas, en la calle Molinillo, cuando una patrulla observó una motocicleta ocupada por dos menores que circulaba en dirección prohibida.
Según el comunicado difundido por los sindicatos con representación en la Policía Local, los agentes dieron el alto al vehículo después de que el conductor detuviera inicialmente la marcha unos metros antes del coche patrulla. En ese momento, uno de los policías bajó del vehículo oficial para proceder a la identificación de los ocupantes.
La versión sindical sostiene que el conductor aceleró bruscamente y embistió presuntamente de forma intencionada al agente, que cayó al suelo como consecuencia del impacto. El policía sufrió diversas lesiones y tuvo que ser trasladado al Hospital Virgen del Camino, en Sanlúcar de Barrameda, para recibir asistencia médica.
En la motocicleta viajaba también otro menor, de 13 años, que cayó al suelo tras el atropello. El conductor, según las mismas fuentes, emprendió la huida. Durante la fuga, la motocicleta perdió la placa de matrícula, un elemento que permitió a los agentes avanzar en la identificación del vehículo y de su presunto conductor.
Posteriormente, el menor de 14 años se presentó en la Jefatura de la Policía Local acompañado por un familiar. Las diligencias han sido remitidas a la Fiscalía de Menores, al tratarse de un investigado mayor de 14 años y menor de edad penal. La motocicleta quedó intervenida y fue trasladada al depósito municipal, ya que carecía del seguro obligatorio y de la inspección técnica de vehículos en vigor.
El caso ha abierto una doble lectura: la estrictamente penal, centrada en la presunta embestida al agente y en la conducción irregular de la motocicleta, y la laboral, al haber sido utilizado por los sindicatos policiales para denunciar la situación de la plantilla en Sanlúcar de Barrameda.
Los representantes sindicales aseguran que la Policía Local trabaja con una falta de efectivos que consideran “insostenible”. Según su denuncia, existen 16 plazas vacantes y en determinados turnos una ciudad de más de 70.000 habitantes queda atendida únicamente por una patrulla formada por dos agentes.
Los sindicatos sostienen que este episodio refleja la vulnerabilidad con la que los policías locales desarrollan su trabajo diario y reclaman al Ayuntamiento la convocatoria de una oferta de empleo público, el refuerzo urgente de la plantilla y una mayor dotación de medios humanos y materiales.
Desde el punto de vista jurídico, la edad del investigado es un elemento clave. Al tener 14 años, el caso entra en el ámbito de la jurisdicción de menores. En España, la responsabilidad penal de los menores se aplica a quienes tienen más de 14 y menos de 18 años, con un sistema orientado a medidas educativas y de responsabilidad, no al régimen penal ordinario de adultos.
La calificación inicial de atentado contra agente de la autoridad deberá ser valorada ahora por la Fiscalía de Menores a partir de las diligencias policiales, los partes médicos, las declaraciones de los implicados y el resto de pruebas disponibles. Hasta que exista una resolución, el menor mantiene la presunción de inocencia.
El suceso vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que afrontan los agentes en intervenciones aparentemente menores, como una infracción de tráfico, y el debate sobre los medios disponibles para garantizar la seguridad tanto de los funcionarios como de los ciudadanos.