Golpe sin precedentes a la cúpula de la Guardia Civil: el juez imputa a la directora general y al DAO en el ‘caso Leire’
Toni Martinez 
Caso Leire puede hacer caer a la Directora de la Guardia Civil.
La Audiencia Nacional investiga si la máxima dirección del Instituto Armado participó en maniobras para obstaculizar investigaciones de la UCO sobre casos de corrupción de alto impacto. Ambos deberán declarar el próximo 16 de julio.
La crisis institucional que rodea al denominado ‘caso Leire’ ha dado este jueves un giro de enorme trascendencia. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado citar como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
Se trata de una decisión de enorme alcance institucional. Nunca antes, en una investigación de estas características, habían quedado bajo sospecha judicial de forma simultánea los dos máximos responsables operativos de la Guardia Civil mientras permanecen en el ejercicio de sus funciones.
Una investigación que golpea el corazón del Instituto Armado
El magistrado adopta esta decisión tras la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, que considera necesario esclarecer si desde la cúpula del Instituto Armado se utilizaron procedimientos internos para presionar o desacreditar a agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), precisamente la unidad encargada de investigar algunas de las principales causas de corrupción que afectan al entorno del Gobierno, entre ellas el conocido caso Koldo y otras investigaciones judiciales sensibles.
La resolución judicial supone un importante cambio de escenario. Hasta ahora, el foco principal de la investigación recaía sobre Leire Díez, señalada como la presunta impulsora de una estrategia destinada a desacreditar a determinados investigadores de la UCO. Ahora, la instrucción se dirige también hacia quienes ocupan la máxima responsabilidad dentro de la Guardia Civil.
Las reuniones que desencadenaron las sospechas
Uno de los elementos que mayor peso han adquirido en la investigación son los encuentros mantenidos entre Leire Díez y Mercedes González.
Los informes incorporados a la causa reflejan que ambas mantuvieron al menos tres reuniones entre finales de 2024 y la primavera de 2025. Según los investigadores, esos contactos coincidirían temporalmente con la apertura de actuaciones internas dirigidas contra miembros de la UCO, circunstancia que la Fiscalía considera necesario esclarecer.
Además, la investigación también analiza el borrado automático de conversaciones de WhatsApp entre ambas, un hecho que figura entre los indicios valorados durante la instrucción.
¿Qué investiga exactamente el juez?
La imputación no implica culpabilidad, pero sí significa que el magistrado aprecia indicios suficientes para escuchar a ambos responsables como investigados.
La investigación trata de determinar si pudieron producirse:
- utilización de expedientes disciplinarios como mecanismo de presión;
- posibles actuaciones para dificultar investigaciones judiciales;
- eventuales decisiones administrativas adoptadas con finalidad distinta al interés público;
- actuaciones encaminadas a debilitar la actividad investigadora de la UCO.
Todo ello se enmarca en los presuntos delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia, por los que deberán responder el próximo 16 de julio ante la Audiencia Nacional.
El Gobierno mantiene su respaldo
Pese a la trascendencia de la decisión judicial, el Gobierno ha reaccionado cerrando filas con la directora general de la Guardia Civil y con el DAO.
Tanto el presidente del Gobierno como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han trasladado públicamente su confianza en ambos responsables y han confirmado que continuarán en sus puestos mientras avanza la investigación judicial.
Mercedes González ha negado reiteradamente cualquier participación en una supuesta operación contra la UCO y sostiene que jamás intervino para obstaculizar ninguna investigación.
Un caso con profundas implicaciones institucionales
Más allá de las posibles responsabilidades penales que finalmente puedan determinar los tribunales, esta decisión judicial abre un escenario especialmente delicado para la Guardia Civil.
La investigación afecta directamente a la relación entre la dirección política del cuerpo y la unidad de élite encargada de combatir la corrupción, el crimen organizado y las grandes investigaciones económicas.
Para numerosos juristas y especialistas en derecho procesal, el verdadero impacto del caso no reside únicamente en las posibles responsabilidades individuales, sino en determinar si pudieron utilizarse mecanismos administrativos internos para influir en investigaciones judiciales en marcha. Esa cuestión será ahora uno de los principales ejes de la instrucción.
Con la declaración de Mercedes González y Manuel Llamas fijada para el 16 de julio, el denominado ‘caso Leire’ entra en una nueva fase que podría marcar uno de los episodios más sensibles para la dirección de la Guardia Civil en las últimas décadas.
Dimisión YA… menuda banda de chorizos!!!
K caiga de una vez PS