El caso Leire Díez cerca a la dirección de la Guardia Civil

Las reuniones de Mercedes González con la exmilitante socialista abren una crisis institucional en plena investigación de la UCO

La crisis estalló por una palabra que, en política y en los tribunales, nunca es inocente: reuniones. No una conversación casual, no un saludo de pasillo, no un mensaje perdido en una agenda saturada. Reuniones. Al menos tres, según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Dos reconocidas de forma expresa y una tercera no descartada del todo por la directora general del cuerpo, Mercedes González. Y en medio, una investigación judicial que ha colocado bajo el foco a Leire Díez, exmilitante socialista, señalada como pieza clave de una presunta operación para interferir en causas judiciales y policiales sensibles para el PSOE y el Gobierno.

El caso tiene todos los ingredientes de una tormenta política: una unidad de élite investigando una presunta trama, una exmilitante socialista acusada de moverse entre fiscales, policías y empresarios, un sumario con mensajes comprometidos y una directora de la Guardia Civil obligada a explicar por qué se vio con una persona que, según la UCO, pretendía activar actuaciones internas contra los propios investigadores. La precisión es importante: Mercedes González no aparece, por ahora, imputada ni acusada formalmente de delito por el juez o la Fiscalía. Pero su nombre ha entrado en el centro del relato policial y político.

Mercedes González fue nombrada directora general de la Guardia Civil mediante el Real Decreto 931/2024, de 17 de septiembre, publicado en el BOE el 18 de septiembre de 2024. Es decir, no se trata de una responsable menor: es la máxima autoridad política del instituto armado.

La tesis de la UCO: tres citas y una posible vía interna contra los investigadores

El núcleo del caso está en un atestado de la UCO incorporado al sumario que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Los investigadores sostienen que Leire Díez se reunió “al menos” tres veces con Mercedes González: el 30 de septiembre de 2024, el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. La primera fecha es especialmente relevante porque se sitúa apenas dos semanas después del nombramiento oficial de González al frente de la Guardia Civil.

La UCO no se limita a constatar esos encuentros. Su informe sostiene que Díez habría hecho llegar a la directora general información obtenida en el marco de la actividad presuntamente delictiva investigada. También apunta que la exmilitante socialista pretendía que se iniciara una “investigación interna” en la Guardia Civil contra la propia UCO, previsiblemente valiéndose de su relación con González.

Ese extremo es el que convierte el caso en algo más que una polémica de agenda. La UCO es la unidad que investiga varias de las causas más sensibles de los últimos años, y cualquier sospecha de presión interna sobre sus agentes tiene una carga institucional enorme. Si una persona investigada por intentar desestabilizar causas judiciales buscó abrir una vía dentro de la dirección de la Guardia Civil, la pregunta política es evidente: ¿hasta dónde llegó esa influencia? La pregunta judicial, por ahora, es distinta y más exigente: ¿hay pruebas de que alguien con responsabilidad institucional colaborara activamente en esa maniobra?

La investigación incluye otro elemento delicado: el borrado automático de mensajes de WhatsApp. Según la UCO recoge que el 11 de mayo de 2025 se activó en la conversación entre Leire Díez y Mercedes González el borrado automático con una cadencia de 24 horas. Los investigadores interpretan ese hecho como relevante por su contexto temporal, vinculado a publicaciones sobre causas sensibles y filtraciones atribuidas a la UCO.

La versión de Mercedes González: contactos personales, ninguna injerencia

La directora general de la Guardia Civil ha ofrecido una explicación radicalmente distinta. En un comunicado González reconoce dos encuentros presenciales con Leire Díez y deja abierta la posibilidad de un tercero, pero niega que se hablara de perjudicar a la UCO o de interferir en investigaciones. Según su versión, el primer encuentro fue breve, en una cafetería próxima a la Dirección General, y Díez se presentó como periodista freelance, sin concretar para quién trabajaba.

La directora sostiene que los contactos previos entre ambas se remontaban a la etapa en la que González era delegada del Gobierno en Madrid y Díez ocupaba un cargo de relaciones institucionales en Correos. Según esa versión, aquellos intercambios estaban vinculados a movilizaciones laborales y no implicaban relación personal estrecha ni asuntos de la Guardia Civil.

El punto más sensible de su relato llega en la última reunión. Mercedes González afirma que Leire Díez le planteó si existía alguna posibilidad de que el comandante Rubén Villalba, suspendido por su presunta implicación en el caso Koldo, pudiera regresar a su puesto. La directora asegura que rechazó “de plano” la petición y que el encuentro terminó en ese momento.

Su defensa se resume en una frase: “jamás” participó en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil y “jamás” interfirió en investigaciones de los agentes. Esa es la línea oficial de la directora y también la base sobre la que Interior ha intentado contener la crisis.

Interior y Moncloa: de la negación al “ámbito personal”

La gestión política del caso ha agravado el problema. Según Moncloa, admitió que se produjeron reuniones entre Leire Díez y Mercedes González, pero las ciñó al “ámbito personal”. Esa admisión llegó después de que la UCO señalara en su informe que Díez se vio con González para que iniciara actuaciones administrativas contra agentes investigadores.

Las fuentes gubernamentales reconocieron que los encuentros se produjeron fuera de la sede de la Guardia Civil y que la relación venía de la etapa anterior de González como delegada del Gobierno en Madrid. Según esas fuentes, las reuniones fueron “cafés” sin compromiso institucional y sin instrucciones para boicotear investigaciones.

El problema para Interior es que Fernando Grande-Marlaska había negado previamente reuniones de la directora con Leire Díez. A pesar de ello, el ministro ha mantenido después su apoyo a González, siempre que los encuentros fueran “como se han descrito”, desplazando el foco desde la existencia de las reuniones hacia su contenido.

Esa evolución del discurso —primero negar, después matizar, finalmente defender— ha dado munición a la oposición y ha alimentado una pregunta incómoda: ¿sabía Interior realmente lo que había ocurrido o se precipitó al cerrar filas?

El contexto judicial: una presunta trama para torpedear causas sensibles

El caso Leire Díez no nace con Mercedes González. La investigación de la Audiencia Nacional apunta a una supuesta estructura destinada a “desestabilizar” procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Según informaciones, el juez sitúa a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en un papel de dirección y recoge indicios de pagos a Leire Díez por coordinar esas actuaciones.

El juez ve indicios de que Díez cobró 4.000 euros mensuales, en cuatro pagos, a través de una consultora vinculada al exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, y que formó parte de una estructura coordinada para obstaculizar procedimientos judiciales sensibles para el Gobierno o el PSOE.

Por otra parte, la Audiencia Nacional apunta a pagos del PSOE a Leire Díez por maniobras contra fiscales y policías, y que el juez atribuye a Santos Cerdán un papel superior en ese supuesto plan.

Por eso la aparición de la directora de la Guardia Civil en el sumario tiene una carga tan explosiva. No porque conste una imputación contra ella, sino porque el relato policial la sitúa en el perímetro de una persona investigada por intentar influir en investigaciones. En política, ese matiz puede parecer insuficiente. En derecho, es esencial.

La oposición eleva la presión

El Partido Popular ha pedido explicaciones y ha citado a Mercedes González en el Senado para el jueves 11 de junio. La formación exige su dimisión por los encuentros con Leire Díez y busca convertir el caso en una crisis de confianza sobre el Ministerio del Interior.

La posición de la oposición se apoya en una idea sencilla: si la directora de la Guardia Civil mantuvo reuniones con una persona investigada por intentar atacar a la UCO, debe explicarlo públicamente y asumir responsabilidades políticas. La respuesta del Gobierno es la contraria: hubo contactos, sí, pero no instrucciones, ni injerencias, ni daño efectivo a la independencia de las investigaciones.

En el fondo, ambos marcos compiten por imponerse. Para el Gobierno, el caso debe resolverse en el terreno judicial y no con dimisiones preventivas. Para la oposición, el solo hecho de que la máxima responsable política de la Guardia Civil aparezca en esos informes ya compromete la confianza institucional.

Lo que está probado y lo que sigue pendiente

A día de hoy, hay varios hechos sólidos. Primero, la UCO sostiene que hubo al menos tres reuniones con Leire Díez. Segundo, la propia González reconoce contactos y reuniones, aunque discute su naturaleza y niega cualquier actuación contra la UCO. Tercero, Moncloa e Interior admiten encuentros, pero los encuadran en el plano personal. Y cuarto, no consta que juez o Fiscalía atribuyan por ahora delito a Mercedes González.

Lo pendiente es más complejo. Falta determinar si las reuniones tuvieron algún efecto real en decisiones internas de la Guardia Civil. Falta aclarar quién ordenó o impulsó, si se produjo, cualquier actuación administrativa relacionada con filtraciones de la UCO. Falta saber si el borrado automático de mensajes tuvo una explicación ordinaria o una relevancia probatoria. Y falta, sobre todo, que el procedimiento judicial avance lo suficiente para separar el ruido político de los hechos con valor penal.

Una crisis de confianza dentro de la propia Guardia Civil

La imagen más delicada del caso es casi paradójica: la Guardia Civil investigando un asunto que salpica a su propia dirección política. La UCO, una de sus unidades más prestigiosas, aparece como posible objetivo de maniobras internas; la directora general, como interlocutora de la persona que presuntamente quería activar esas maniobras; y el ministro del Interior, como garante de que no hubo injerencias.

Esa triangulación explica la gravedad del momento. No se trata solo de saber si Mercedes González se reunió dos o tres veces con Leire Díez. Se trata de si esas reuniones eran compatibles con la prudencia exigible a quien dirige políticamente un cuerpo que estaba investigando causas de enorme sensibilidad. La legalidad la decidirá el juez. La responsabilidad política, en cambio, depende de un listón distinto: el de la confianza pública.

El caso Leire Díez aún está abierto y probablemente seguirá arrojando documentos, mensajes y versiones contradictorias. Pero ya ha dejado una lección clara: en investigaciones que afectan a instituciones clave, la frontera entre una relación personal y una crisis de Estado puede medirse en una cafetería, en una reunión no registrada o en un mensaje que desaparece a las 24 horas.