Cae First VPN, la red que daba sombra a los cibercriminales
Toni Martinez 
Cae la red cibercriminal de First VPN
Una operación internacional liderada por Francia y Países Bajos desmantela 33 servidores de una VPN utilizada para ocultar ataques de ransomware, fraudes y robos de datos
La promesa era sencilla y poderosa: navegar sin dejar rastro, operar lejos de los ojos de la Policía y levantar una muralla digital entre el delincuente y la investigación judicial. Durante años, First VPN se presentó en foros de ciberdelincuencia como una herramienta segura para quienes necesitaban ocultar su identidad en internet. No era, según las autoridades europeas, una VPN convencional al servicio de la privacidad, sino una pieza integrada en el engranaje del cibercrimen internacional.
Esa estructura acaba de ser desmantelada en una operación coordinada por Francia y Países Bajos, con el apoyo de Europol y Eurojust. La intervención permitió tumbar la infraestructura del servicio, inutilizar sus dominios principales y desmontar al menos 33 servidores vinculados a la red. La actuación se desarrolló los días 19 y 20 de mayo de 2026 y ha sido presentada como un golpe directo contra una herramienta utilizada por actores de ransomware, estafadores digitales y grupos dedicados al robo de datos.
First VPN no era solo un nombre más en el mercado de las redes privadas virtuales. De acuerdo con Europol, el servicio había aparecido en casi todas las grandes investigaciones de ciberdelincuencia apoyadas por la agencia europea en los últimos años. Su función era tan simple como decisiva: proporcionar una capa de anonimato a los delincuentes para dificultar la atribución de ataques, ocultar conexiones y proteger la infraestructura desde la que se lanzaban operaciones ilegales.
Las VPN, en su uso legítimo, sirven para cifrar el tráfico entre un dispositivo e internet y proteger la ubicación del usuario. Empresas, periodistas, ciudadanos y profesionales las emplean para reforzar su seguridad, especialmente en redes públicas o entornos sensibles. Pero el problema, según las autoridades, aparece cuando un servicio se diseña y se promociona específicamente para facilitar delitos. La Policía neerlandesa sostiene que First VPN se anunciaba en foros conocidos de ciberdelincuencia y prometía no cooperar con ninguna autoridad judicial, no almacenar datos y no quedar sometida a jurisdicción alguna.
Esa fachada de invulnerabilidad se vino abajo esta semana. Los investigadores lograron acceder al servicio antes de que fuera desconectado, obtener información sobre sus usuarios y recopilar datos de tráfico que ahora alimentarán otras pesquisas internacionales. Eurojust ha confirmado que los usuarios fueron notificados del cierre y advertidos de que habían sido identificados como clientes de la red.
La operación, bautizada como Operation Saffron, afectó a los dominios 1vpns.com, 1vpns.net y 1vpns.org, además de dominios asociados en la red Tor. La página de incautación publicada por las autoridades muestra la intervención policial internacional, enumera 33 servidores y señala la participación de organismos de distintos países, entre ellos Francia, Países Bajos, Suiza, Luxemburgo, Rumanía, Ucrania, Reino Unido, Europol y Eurojust. También aparecen España y Suecia como participantes en el operativo.
El golpe tuvo además una derivada en Ucrania, donde fue localizado el presunto administrador del servicio. Eurojust informa de un registro y una entrevista a un sospechoso en territorio ucraniano, mientras otras comunicaciones policiales precisan que la diligencia se practicó a petición de las autoridades francesas.
La dimensión judicial de la operación no se improvisó. Eurojust abrió el caso en mayo de 2022 a petición de Francia, después de detectar la presencia de First VPN en foros criminales. En noviembre de 2023 se creó un equipo conjunto de investigación que permitió a las autoridades francesas y neerlandesas intercambiar pruebas, coordinar información y definir una estrategia procesal común. Antes del día de acción, Eurojust acogió 16 reuniones de coordinación entre los países implicados.
El papel de Europol fue especialmente relevante en el análisis de los datos. La agencia europea alojó un grupo operativo que reunió a investigadores de 16 países para examinar la información obtenida y compartir inteligencia con socios internacionales. Según la Policía neerlandesa, se distribuyeron 83 paquetes de inteligencia derivados de la investigación. Bitdefender, que colaboró con Europol, señala que la operación permitió compartir información vinculada a 506 usuarios e impulsar 21 investigaciones apoyadas por la agencia europea.
La importancia de First VPN residía en que no protegía un único delito, sino una forma de operar. Los grupos de ransomware necesitan ocultar servidores, movimientos, accesos y comunicaciones. Los estafadores digitales requieren infraestructuras que dificulten el rastreo. Los ladrones de datos buscan borrar el camino entre la intrusión inicial y la venta posterior de la información. First VPN, según las autoridades, ofrecía precisamente ese refugio técnico.
La caída del servicio no significa que el cibercrimen se quede sin herramientas. Las redes criminales suelen migrar con rapidez, cambiar proveedores y reconstruir sus canales de comunicación. Sin embargo, cada derribo de una infraestructura de anonimización genera un efecto inmediato: obliga a los delincuentes a moverse, cometer errores y exponerse. Bitdefender resume el impacto de forma clara: los grupos que dependían de First VPN tendrán que buscar alternativas, comprobar si ofrecen el mismo nivel de protección y reconstruir su seguridad operativa desde cero.
La operación también lanza un mensaje a un mercado clandestino que vive de vender confianza. First VPN prometía a sus usuarios que no cooperaría con la Justicia y que no guardaría datos. Pero las autoridades no solo tumbaron el servicio, sino que accedieron a información valiosa antes de apagarlo. Para los clientes de esa red, la supuesta invisibilidad se ha convertido ahora en una posible prueba de cargo.
El caso muestra una tendencia cada vez más clara en la lucha contra el cibercrimen: las fuerzas policiales ya no persiguen únicamente a los autores materiales de un ataque, sino también a las infraestructuras que hacen posible el delito. Servidores, dominios, botnets, mercados clandestinos, paneles de control, servicios de alojamiento y herramientas de anonimización se han convertido en objetivos prioritarios. Sin esas piezas, muchos ataques pierden capacidad, velocidad y cobertura.
En los últimos años, Europol y Eurojust han participado en grandes operaciones contra redes de malware, mercados de la dark web y servicios utilizados por grupos de ransomware. La lógica es siempre la misma: romper la cadena de suministro del delito digital. Un ataque de ransomware no depende solo del programa que cifra los archivos de una empresa. Necesita acceso inicial, servidores de mando y control, canales de comunicación, sistemas de cobro, blanqueo de criptomonedas y servicios que oculten la identidad de los operadores.
First VPN ocupaba un lugar discreto pero esencial en ese ecosistema. No aparecía ante las víctimas. No enviaba correos de phishing. No cifraba directamente los sistemas de una compañía. Pero permitía que otros lo hicieran con mayor sensación de seguridad. En el mundo del cibercrimen, ese tipo de infraestructura es tan valiosa como una llave maestra: no ejecuta el robo, pero abre la puerta.
La actuación coordinada por Francia y Países Bajos tuvo además una arquitectura multinacional compleja. Eurojust detalla que en los días de acción participaron autoridades de Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Rumanía, Suiza, Ucrania y Reino Unido. El portal de incautación de Operation Saffron amplía el marco de colaboración y muestra la implicación o participación de otros países, entre ellos España.
La cooperación judicial internacional resulta indispensable en este tipo de investigaciones. Un servidor puede estar en un país, el administrador en otro, los dominios registrados a través de proveedores distintos y los usuarios repartidos por todo el mundo. Sin órdenes europeas de investigación, solicitudes de asistencia judicial y equipos conjuntos, una operación así quedaría fragmentada en expedientes nacionales incapaces de abarcar todo el mapa.
El cierre de First VPN no debe confundirse con una ofensiva contra el uso legítimo de las VPN. La privacidad digital sigue siendo una herramienta legal y necesaria para millones de personas. La diferencia, subrayan las autoridades, está en el propósito y en el diseño del servicio. First VPN no fue señalado por ofrecer cifrado, sino por dirigirse de forma expresa a ciberdelincuentes y por facilitar actividades como ataques de ransomware, intrusiones informáticas y ocultación de infraestructuras criminales.
Para empresas y administraciones, el caso deja una advertencia adicional. El ransomware continúa apoyándose en servicios externos que dificultan la investigación y elevan el coste de la respuesta. La defensa no puede limitarse a instalar antivirus o hacer copias de seguridad. Hace falta vigilancia de accesos, segmentación de redes, autenticación multifactor, formación frente al phishing, respuesta ante incidentes y colaboración temprana con las autoridades cuando se detecta una intrusión.
Para los investigadores, en cambio, First VPN es ahora una mina de información. Los datos obtenidos pueden revelar conexiones entre ataques que parecían aislados, vincular identidades digitales con operaciones concretas y abrir nuevas líneas contra grupos de ransomware o fraude. La Policía neerlandesa afirma que la información recabada ya se ha compartido con otras investigaciones nacionales e internacionales.
El golpe llega en un momento en el que el cibercrimen se comporta cada vez más como una industria. Hay proveedores de acceso inicial, vendedores de credenciales, desarrolladores de malware, afiliados que ejecutan ataques, negociadores de rescates y servicios técnicos diseñados para proteger a toda esa cadena. First VPN, según Europol y Eurojust, era uno de esos proveedores de confianza del submundo digital.
Su caída no acabará con el ransomware ni con el fraude online. Pero reduce el margen de impunidad de quienes creyeron que podían esconderse indefinidamente tras una promesa de anonimato. La operación demuestra que también los refugios digitales dejan huella, que las redes privadas pueden ser penetradas y que la cooperación policial internacional empieza a atacar el cibercrimen donde más le duele: en la infraestructura que lo mantiene vivo.
El mensaje final es tan técnico como simbólico. La puerta que First VPN ofrecía a los delincuentes para entrar y salir de internet sin ser vistos ha quedado clausurada. Y al otro lado, donde sus usuarios esperaban encontrar oscuridad, las autoridades han encendido la luz.