Policías y guardias civiles presionan a Interior para cerrar su jubilación anticipada

Una docena de organizaciones reclama que el reconocimiento como profesión de riesgo no deje fuera a ningún agente, esté adscrito a clases pasivas o al régimen general

La reclamación de una jubilación anticipada para policías nacionales y guardias civiles volvió este jueves a la mesa del Ministerio del Interior. Una docena de organizaciones representativas de ambos cuerpos se reunió con la Secretaría de Estado de Seguridad para conocer el estado de los trabajos técnicos y económicos que deben permitir implantar un sistema de retiro anticipado vinculado al reconocimiento de la profesión policial como actividad de riesgo.

El encuentro se produce en un momento de fuerte presión sindical y asociativa. Las organizaciones reclaman desde hace años que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil puedan acceder a una jubilación anticipada en condiciones similares a las ya reconocidas a otros cuerpos policiales. El debate no es menor: afecta a miles de funcionarios que desempeñan labores de seguridad ciudadana, investigación criminal, control de fronteras, orden público, tráfico, protección de víctimas y lucha contra el terrorismo o el crimen organizado.

Según trasladaron las entidades asistentes, Interior les informó de los trabajos en marcha para aplicar coeficientes reductores en la edad de jubilación. También se abordaron cuestiones relativas a la posible financiación del sistema y a los requisitos necesarios para su futura aplicación. La reunión se enmarca en la mesa técnica abierta por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, después de que a finales de abril se acordara una metodología de trabajo para avanzar en el adelanto de la jubilación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La principal exigencia de los sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles es que la reforma no genere una nueva brecha interna. Por ello, han pedido que los cambios normativos se tramiten en un mismo texto y que incluyan tanto a los agentes encuadrados en clases pasivas como a los pertenecientes al régimen general de la Seguridad Social. Su objetivo es evitar que la solución beneficie solo a una parte de las plantillas y deje fuera a otros funcionarios por razón del sistema de cotización.

Entre las organizaciones presentes figuran Jupol, SUP, AUGC y Jucil, entre otras. En el caso de la reunión celebrada a finales de abril, Interior detalló la asistencia de sindicatos de Policía Nacional como SPP, SUP, UFP, Equiparación Ya y Jupol, y de asociaciones de la Guardia Civil como Jucil, AUGC, IGC, APC-GC, Unión de Oficiales, ASES-GC y AEGC. La Confederación Española de Policía declinó entonces participar en el foro, según informó el Ministerio.

La negociación llega tras meses de malestar. El borrador inicial sobre jubilación anticipada fue recibido con críticas por parte de las organizaciones policiales, que consideraban que dejaba fuera a la totalidad de los guardias civiles y a una parte relevante de los policías nacionales. Esa percepción reactivó las protestas y elevó el tono de las reclamaciones de equiparación con cuerpos como Mossos d’Esquadra y Ertzaintza.

Para las organizaciones, el reconocimiento como profesión de riesgo no es solo una cuestión económica o administrativa, sino una reivindicación de justicia profesional. Sostienen que la exposición continuada a agresiones, turnos, presión operativa, intervenciones de riesgo y desgaste físico y psicológico debe tener reflejo en la carrera profesional y en el momento del retiro.

Interior, por su parte, mantiene abierta la vía técnica. La clave estará ahora en comprobar si la mesa se traduce en un texto normativo concreto, con financiación definida y alcance suficiente para integrar a todos los agentes. Los sindicatos y asociaciones han dejado claro que no quieren una declaración simbólica, sino una medida efectiva que permita una jubilación anticipada digna y sin discriminaciones internas.