Agentes del Grupo Operativo de Inspecciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional
Los dispositivos combinan rastreo terrestre, medios aéreos y técnicas forenses, pero su valor judicial depende también de cómo se documenta cada actuación
La búsqueda policial con drones y perros se ha convertido en una operación multidisciplinar en la que localizar a una persona, unos restos o una evidencia es solo una parte del trabajo. Cada sector rastreado, cada señal del guía canino y cada objeto intervenido debe quedar documentado para que, meses o años después, investigadores, peritos y testigos puedan explicar ante un tribunal qué se hizo y qué resultado produjo.
El protocolo estatal sobre personas desaparecidas prevé que, según el riesgo y las circunstancias, se solicite apoyo de unidades cinológicas, rescate en montaña, helicópteros, grupos subacuáticos, SEPRONA y equipos con aeronaves pilotadas a distancia. Esa combinación no responde a una fórmula fija: el mando del dispositivo adapta recursos, cuadrículas y prioridades al terreno, al tiempo transcurrido y a los indicios disponibles.
Tecnología y especialidades para cubrir un mismo escenario
Los drones aportan observación aérea, cámaras térmicas y registro de zonas de difícil acceso. Los perros pueden buscar personas vivas, restos humanos o rastros específicos, mientras el georradar ayuda a detectar alteraciones bajo la superficie sin abrir de inmediato todo el terreno. Las batidas a pie siguen siendo esenciales para revisar puntos ciegos, confirmar desde tierra lo observado y preservar cualquier hallazgo.
Las funciones no son intercambiables. Una imagen aérea puede señalar una anomalía, pero no determina por sí sola su naturaleza. Una marcación canina orienta el rastreo y debe contrastarse. El georradar detecta cambios físicos, no identifica automáticamente un cuerpo. La utilidad probatoria surge al relacionar esas señales con inspecciones, fotografías, coordenadas, actas, análisis científicos y testimonios.
De la búsqueda inicial a la reconstrucción judicial
La localización en 2011 de dos hermanos desaparecidos en Torrelaguna ilustra el valor de la coordinación operativa: fueron hallados con vida en un pozo tras un despliegue en el que participaron distintos recursos. El procedimiento penal posterior examinó tanto la agresión sufrida como la secuencia que permitió encontrarlos. El condenado recibió una pena global de 65 años, según la información judicial y periodística recopilada.
El caso de Juana Canal muestra una dimensión diferente. Sus restos fueron encontrados en 2019, dieciséis años después de la desaparición. En 2022 se organizó un nuevo rastreo con más de sesenta agentes, policía científica, unidades caninas, drones y georradar. La búsqueda pretendía completar evidencias y reconstruir el escenario. El Tribunal Supremo confirmó en febrero de 2026 la condena de catorce años por homicidio impuesta a su expareja.
También hay operaciones que no producen una respuesta pública inmediata. En la investigación por la muerte de Miriam Vallejo, ocurrida en 2019 en un camino entre Meco y Villanueva de la Torre, se realizó en 2025 una nueva reconstrucción con especialistas de homicidios, laboratorio, inspección ocular y servicio cinológico. La causa había sido archivada provisionalmente y podía reabrirse ante nuevos indicios. No existe autor identificado públicamente.
La reconstrucción en sala exige trazabilidad: quién dio la orden, qué personal intervino, qué cuadrícula se cubrió, cómo se señalizó el punto y quién custodió la evidencia. Esa cadena permite someter la actuación a contradicción y detectar tanto sus fortalezas como sus límites. La tecnología amplía la capacidad de búsqueda, pero no reemplaza la documentación ni el análisis forense.