Desarticulada una organización de narcotráfico internacional que operaba como red de blanqueo al servicio del crimen organizado
La organización investigada habría convertido promociones inmobiliarias y villas de lujo en una plataforma para lavar sus ganancias y cobrar comisiones a otras redes criminales.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una presunta red de blanqueo del narcotráfico que operaba desde España y extendía sus negocios al extranjero. La actuación, coordinada por Europol, se ha saldado con 27 detenidos, 26 en España y uno en República Dominicana. Dos de los arrestados estaban considerados objetivos de alto valor por Europol. A los investigados se les atribuyen delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según el comunicado de la Guardia Civil.
El alcance del caso va más allá de la importación de cocaína. Según las pesquisas, los sospechosos habrían desarrollado una estructura empresarial capaz de transformar beneficios delictivos en inversiones inmobiliarias y ofrecer ese mismo servicio a terceros.
Los mensajes cifrados que abrieron la investigación
Las pesquisas comenzaron en septiembre de 2023, cuando el análisis de plataformas de mensajería encriptada permitió detectar envíos de droga hacia Europa. Los investigadores vincularon a presuntos integrantes de la organización con cuatro incautaciones en Panamá que sumaban más de 1.500 kilos de cocaína. Esa cantidad corresponde a decomisos anteriores relacionados con la investigación, no a droga intervenida en los registros ahora anunciados.
La reconstrucción policial sitúa entre 2020 y 2021 el establecimiento de rutas desde Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos. La red habría empleado modalidades conocidas como «gancho ciego», rip off o «preñado» para introducir los cargamentos y abastecer a organizaciones asentadas en España.
Villas de lujo para ocultar el origen del dinero
El seguimiento del patrimonio llevó a los investigadores hasta sociedades mercantiles utilizadas para financiar promociones y viviendas de lujo. Las inversiones se concentraban especialmente en Ibiza, Marbella y Madrid, aunque también se extendían a República Dominicana y Dubái.
Según la investigación, la estructura empresarial habría servido para canalizar fondos del narcotráfico y ocultar la verdadera titularidad de los bienes. El balance recoge 95 inmuebles afectados por la prohibición de enajenar, entre ellos 16 villas de lujo, además del bloqueo de 200 bienes muebles.
La investigación patrimonial acompaña así a las detenciones: permite actuar sobre los activos que los sospechosos habrían acumulado mediante sus actividades delictivas.
Una red de blanqueo del narcotráfico que trabajaba para terceros
La organización habría ampliado su negocio cuando adquirió capacidad para lavar sus propios beneficios. A partir de entonces, según los investigadores, facilitaba a otras redes la adquisición y ocultación de bienes a través de sus sociedades.
Ese modelo, descrito como crime as a service —crimen como servicio—, habría generado dos fuentes de ingresos: las ganancias de las importaciones de cocaína y las comisiones por blanquear dinero de otras organizaciones.
Criptoactivos, vehículos y cuentas bancarias
Las actuaciones permitieron bloquear más de 1,3 millones de USDT en criptoactivos e intervenir 40 vehículos de alta gama y dos embarcaciones. También se localizaron más de 270.000 euros, cantidades en otras divisas y armamento.
La nota oficial informa además del bloqueo de decenas de cuentas bancarias, algunas situadas en el extranjero, y de la investigación de más de cien personas jurídicas. La causa está dirigida por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga.
La detención en Punta Cana
La vertiente dominicana aporta detalles sobre uno de los arrestos. El español Jonathan Yera Pozo, de 41 años, fue detenido en Punta Cana en cumplimiento de un requerimiento judicial con fines de extradición a España en la actuación internacional llamada como operación Fast Lap. En el registro se intervinieron dispositivos electrónicos, tres billeteras físicas para criptomonedas, relojes, joyas y documentación sobre vehículos, préstamos e inmuebles.
La investigación continúa abierta y se han tramitado cinco órdenes internacionales de detención y las autoridades no descartan nuevas actuaciones.
