¿Quién debe cachear a una persona trans? España avanza, pero el protocolo sigue incompleto
Toni Martinez 
Bandera LGTBI
El dilema operativo
El cacheo de una persona detenida es una de las actuaciones policiales más delicadas. No solo se trata de una medida de seguridad, también es un momento en el que se ponen en juego derechos fundamentales como la intimidad y la dignidad. Cuando se trata de personas trans, la cuestión de quién debe realizar el registro —si un agente hombre o mujer, atendiendo al sexo biológico o a la identidad de género— abre un debate todavía sin una solución normativa cerrada en España.
Lo que dice la ley
En 2023 entró en vigor la Ley Trans (Ley 4/2023), que reconoce el derecho de las personas a ser tratadas conforme a su identidad de género, sin necesidad de intervenciones médicas ni requisitos patologizantes. La norma obliga a los poderes públicos a garantizar la no discriminación en todos los ámbitos, incluido el policial.
Un año más tarde, la Instrucción 1/2024 del Ministerio del Interior actualizó el “Procedimiento integral de la detención policial”. Este documento dedica un apartado específico a personas LGTBI y trans, subrayando la necesidad de “máximo respeto” y medidas singulares de atención durante la custodia. La instrucción, sin embargo, no desciende al detalle técnico sobre cacheos íntimos: no especifica si deben realizarlos agentes del mismo sexo biológico o conforme a la identidad de género de la persona detenida.
Recomendaciones oficiales
El Defensor del Pueblo, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, ha emitido advertencias en este sentido. Entre sus recomendaciones destacan:
- Registrar el sexo y la identificación profesional del agente que efectúa el cacheo.
- Ofrecer a la persona trans la posibilidad de elegir si prefiere ser cacheada por un agente varón o mujer.
- Documentar con rigor cada actuación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
Pese a ello, Interior carece todavía de una estadística completa sobre personas trans detenidas, lo que dificulta medir el alcance real del problema.
La práctica en comisarías
En la práctica, algunos cuerpos ya están recibiendo formación específica. En Vigo, por ejemplo, jueces y fiscales explicaron a agentes de Policía Nacional que prima la voluntad de la persona trans para decidir por quién quiere ser cacheada, salvo sospechas de fraude o situaciones de riesgo. Aun así, la falta de un protocolo uniforme provoca que las actuaciones puedan variar según la comisaría o el criterio del mando.
Una propuesta de protocolo operativo
Ante este vacío, se propone un protocolo práctico que combine eficacia operativa y respeto a los derechos:
- Evaluación inicial
- Informar de derechos y preguntar a la persona cómo desea ser tratada (nombre, pronombres).
- Consultar si tiene preferencia sobre el género del agente que realizará el cacheo.
- Cacheo superficial
- Puede hacerlo cualquier agente, priorizando aquel cuyo género coincida con la identidad manifestada de la persona si es posible.
- Se minimiza el contacto físico y se respeta la dignidad en todo momento.
- Registro íntimo (desnudez parcial o total)
- Requiere consentimiento informado y debe documentarse.
- Por seguridad jurídica, se recomienda que lo efectúe un agente del mismo sexo biológico de la persona, salvo que la persona trans solicite lo contrario y dé su consentimiento explícito.
- Siempre que sea posible, se ofrece presencia de testigo o tercero.
- Objeción de agentes
- Los policías que tengan motivos personales o profesionales razonables pueden excusarse sin sufrir represalias.
- Registro documental
- Debe constar el tipo de cacheo, la identidad del agente que lo realizó, su sexo, y si la persona trans pudo elegir.
- Cualquier excepción ha de quedar debidamente justificada.
Conclusión
España ha avanzado con una legislación que reconoce la identidad de género y con una instrucción que obliga a las fuerzas de seguridad a garantizar el máximo respeto. Pero falta un protocolo detallado, uniforme y operativo que aclare qué hacer en situaciones de registro íntimo.
La propuesta planteada permitiría a los agentes trabajar con seguridad jurídica y a las personas trans ser tratadas con la dignidad que la ley les reconoce. Sin una regulación clara, el riesgo es que la respuesta dependa más de la interpretación personal que de un marco común, lo que genera desigualdades y potenciales conflictos legales.