“¿Qué hago, te pego?”: la investigación a un comisario por presunto acoso a una subordinada en la embajada española en la India
Toni Martinez 
Comisario afincado en la embajada de la India acusado de abusos y acoso.
La Policía Nacional investiga a un comisario destinado en la embajada de España en Nueva Delhi por presunto acoso laboral y sexual a una agente bajo su mando. La denuncia, acompañada de grabaciones de audio aportadas por la víctima, ha derivado en la apertura de diligencias judiciales en la Audiencia Nacional y en la adopción de medidas cautelares por parte del Ministerio del Interior.
El investigado es Emilio de la Calle, comisario de la Policía Nacional que hasta su destitución en abril de 2025 desempeñaba funciones como consejero de Interior, un destino de alta responsabilidad dentro del esquema de cooperación internacional en materia de seguridad. Según la denuncia, la agente sufrió durante meses un clima de presión, humillaciones y amenazas que incluían expresiones de carácter intimidatorio y comentarios vejatorios.
Los audios difundidos por El País y analizados por la investigación revelan un patrón de conducta que, según la denuncia realizada por la propia denunciante, recogerían episodios en los que el superior se dirige a ella con frases de extrema gravedad. Entre ellas, expresiones como “¿Qué hago, te pego, a ver si con el ojo morado…?”, que ahora forman parte del material probatorio analizado por la autoridad judicial. Las grabaciones evidenciaría un trato despectivo y una relación jerárquica utilizada para ejercer presión psicológica.
Denuncia y medidas cautelares
La agente presentó denuncia formal ante instancias competentes tras regresar a España. Interior abrió entonces un expediente disciplinario y acordó la suspensión cautelar del comisario mientras se desarrollan las actuaciones judiciales.
El caso ha sido asumido por la Audiencia Nacional al tratarse de hechos presuntamente cometidos en el extranjero por un funcionario público español en el ejercicio de sus funciones. Las diligencias se centran en determinar si los hechos constituyen delitos de acoso, amenazas o abuso de autoridad, entre otras posibles tipificaciones penales.
Fuentes del entorno policial subrayan que la investigación se encuentra en fase inicial y que el investigado mantiene la presunción de inocencia. La defensa niega las acusaciones y sostiene que las grabaciones están descontextualizadas.
Impacto institucional
El caso ha generado inquietud dentro del cuerpo policial y reabre el debate sobre los mecanismos internos de prevención y denuncia frente a conductas de abuso en entornos jerarquizados, especialmente en destinos en el extranjero donde las estructuras son reducidas y la dependencia funcional es directa.
Organizaciones sindicales han pedido transparencia en la investigación y garantías para la denunciante, reclamando protocolos más eficaces para detectar y actuar ante situaciones de acoso laboral o sexual dentro de la administración pública.
El Ministerio del Interior ha reiterado su “tolerancia cero” ante cualquier comportamiento que vulnere la dignidad de los empleados públicos y ha señalado que colaborará plenamente con la autoridad judicial.
Un procedimiento en curso
La instrucción deberá determinar ahora el alcance penal de los hechos y la validez probatoria de los audios aportados. El proceso podría prolongarse varios meses, dada la complejidad de los hechos y la necesidad de practicar diligencias complementarias, incluida la toma de declaración a testigos y responsables jerárquicos.
Mientras tanto, el caso vuelve a situar bajo el foco público la gestión del poder en estructuras policiales y la protección efectiva de quienes denuncian presuntas conductas abusivas en el seno de instituciones del Estado.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.