Decálogo básico del personal de Seguridad Privada: Legalidad, Integridad, Dignidad y Protección.
La seguridad privada en España es un sector estratégico que complementa la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Con más de 80.000 profesionales en activo, este ámbito se rige por un conjunto de normas y principios que buscan garantizar no solo la eficacia de su trabajo, sino también el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Tanto la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, como la Orden INT/318/2011 recogen los llamados principios básicos de actuación del personal de seguridad privada. Estos constituyen un verdadero código de conducta que establece cómo deben comportarse los vigilantes, guardas y demás profesionales en el ejercicio de sus funciones.
Un marco normativo que prioriza la legalidad y la ética
El primer pilar es la legalidad: toda actuación debe estar respaldada por el ordenamiento jurídico. Esto significa que los vigilantes solo pueden hacer aquello que la ley les autoriza expresamente, evitando extralimitaciones. Unido a ello está la integridad, que exige actuar con honradez, rechazando cualquier forma de abuso o corrupción.
El principio de dignidad obliga a los profesionales a mantener un trato respetuoso con las personas, sin menoscabar sus derechos, incluso en situaciones de tensión. Y la protección recuerda que su labor fundamental es prevenir riesgos y garantizar la seguridad de bienes y personas.
Corrección, congruencia y proporcionalidad
Otros principios operativos buscan asegurar que las intervenciones se ajusten al riesgo real. La corrección implica mantener un comportamiento educado y profesional en todo momento. La congruencia exige que las medidas adoptadas se adecuen a la amenaza concreta, sin emplear medios excesivos. Y, como corolario, la proporcionalidadmarca que el uso de la fuerza o de medidas coercitivas solo puede ser el estrictamente necesario para neutralizar un peligro.
Confidencialidad y cooperación con la policía
Un aspecto clave es la reserva profesional, que obliga a guardar secreto sobre datos, grabaciones o información obtenida durante el servicio, salvo cuando una autoridad judicial o policial lo requiera. Este principio refuerza la confianza ciudadana en el sector.
Finalmente, la colaboración con las FCSE es esencial. Los vigilantes deben informar, auxiliar y cooperar con la policía o la Guardia Civil cuando se trate de seguridad pública, incluso siguiendo las instrucciones que reciban de éstas en situaciones concretas.
Un decálogo de profesionalidad
Estos principios no son meras formalidades: configuran un auténtico decálogo ético y operativo que dota de legitimidad al sector de la seguridad privada. Sirven para reforzar la profesionalidad de sus integrantes, evitar abusos y mejorar la coordinación con las fuerzas públicas.
En definitiva, el cumplimiento de estos principios es lo que permite a la seguridad privada desempeñar un papel cada vez más relevante en nuestra sociedad, garantizando que su labor se desarrolle siempre bajo el respeto a la ley, la ética y los derechos de los ciudadanos.
