Desalojo en Badalona: Mossos devuelven el B9 a las autoridades y cientos de migrantes quedan en la calle
Toni Martinez 
Desalojo de la B9
Los Mossos d’Esquadra han llevado a cabo este miércoles por la mañana la ejecución de la orden judicial para desalojar el antiguo instituto B9 de Badalona, hasta ahora considerado el mayor asentamiento de migrantes de Cataluña, en lo que se ha descrito como una de las mayores operaciones de este tipo en la comunidad autónoma. El operativo se produjo tras la autorización de un juzgado en respuesta a una petición formulada por el Ayuntamiento de Badalona, que ostenta la titularidad del inmueble.
El desalojo comenzó entre las 07:00 y las 08:00 horas en un amplio despliegue de agentes de los Mossos d’Esquadra, con apoyo de la Policía Nacional y la Guardia Urbana, quienes establecieron un cordón de seguridad y procedieron, en horario diurno como exige la resolución judicial, a la entrada y retirada progresiva de las personas que residían en el edificio.
El antiguo instituto, ocupado desde 2023, llegó a albergar a unas 400 personas, en su mayoría inmigrantes —principalmente subsaharianos— que habían encontrado en el B9 un lugar de refugio ante la falta de alternativas habitacionales. Sin embargo, en los días previos al desalojo, muchos de ellos abandonaron voluntariamente el recinto tras conocer la inminencia de la actuación policial, reduciéndose el número de residentes a poco más de la mitad al inicio del operativo.
Durante la actuación se practicaron 19 detenciones, en su mayoría por infracciones relacionadas con la Ley de Extranjería, y se identificó a más de 180 personas. Una vez finalizado el desalojo, los Mossos entregaron el inmueble al Ayuntamiento de Badalona, que ha anunciado su intención de reconvertirlo en una comisaría de la Guardia Urbana.
La intervención ha generado un fuerte debate público. El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, celebró la medida en redes sociales y defendió la actuación como una respuesta al “problema de ocupación ilegal” y posibles situaciones de conflictividad asociadas al asentamiento.
Por su parte, entidades sociales y grupos de apoyo a migrantes denunciaron la falta de alternativas habitacionales y criticaron que la acción se realizara en pleno invierno, cuando muchas de las personas desalojadas no cuentan con acceso a vivienda ni recursos suficientes para protegerse del frío. En la primera noche tras el desalojo, varias decenas de exresidentes improvisaron tiendas de campaña y encendieron hogueras en la plaza frente al B9, evidenciando la precariedad de su situación.
La actuación, calificada como “necesaria” por las autoridades locales, ha reavivado el debate sobre la crisis de vivienda y la falta de políticas públicas eficaces para abordar asentamientos informales y la situación de inmigrantes en riesgo de exclusión social en Cataluña.