Asesinato a tiros en plena calle de Zona Franca de Barcelona.
Los Mossos investigan la muerte de un hombre tiroteado en un patio interior de Barcelona, en la misma vía donde otro varón fue ejecutado el 16 de mayo
La calle Mineria volvió a convertirse el domingo 7 de junio en escenario de un crimen con arma de fuego. Eran alrededor de las nueve de la noche cuando varios disparos rompieron la rutina de este punto de la Zona Franca, en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc. Un hombre fue tiroteado en un patio interior situado entre la calle Mineria y Mare de Déu del Port. Pese a los intentos de reanimación de vecinos, agentes y sanitarios, murió pocos minutos después.
La escena tenía un precedente demasiado reciente. Apenas tres semanas antes, el 16 de mayo, otro hombre había sido asesinado a tiros en la misma calle, a muy poca distancia. Aquella víctima, de 43 años y nacionalidad española según medios especializados en sucesos, recibió varios disparos en la cabeza en plena vía pública. El autor huyó entonces sin ser detenido. El 7 de junio, la historia se repitió: disparos, una víctima mortal, vecinos intentando auxiliar al herido y un pistolero que escapó antes de la llegada de los investigadores.
La nueva muerte ha elevado la alarma en una zona que ya venía denunciando inseguridad. La Zona Franca, históricamente asociada a áreas industriales, bloques residenciales y espacios logísticos, se ha visto sacudida por dos homicidios con arma de fuego en menos de un mes. La coincidencia espacial es el dato más inquietante: dos ejecuciones en la misma calle, con un intervalo mínimo y con autores fugados.
Según las primeras informaciones publicadas, la víctima del 7 de junio se encontraba en un patio interior de manzana cuando fue alcanzada por varios impactos de bala. Algunas fuentes apuntan a que pudo recibir hasta cuatro disparos. Otros medios especializados en sucesos señalan que el atacante, vestido de negro y de complexión fuerte, habría disparado por la espalda antes de huir. Estos extremos, no obstante, deberán ser confirmados por la investigación oficial.
Los Mossos d’Esquadra activaron un dispositivo de búsqueda y acordonaron la zona. También acudieron unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques y efectivos de la Guardia Urbana. Cuando los servicios sanitarios llegaron, varias personas que se encontraban en el lugar ya habían tratado de reanimar a la víctima. La intervención no logró salvarle la vida. El caso quedó en manos de la División de Investigación Criminal de los Mossos, la unidad encargada de esclarecer los homicidios de mayor gravedad.
La identidad de la víctima no fue comunicada inicialmente de forma oficial. Metrópoli Abierta apuntó que podría tratarse de un hombre de nacionalidad serbia, una línea que también recogieron otros medios posteriores al analizar la serie de asesinatos con arma de fuego registrados en Cataluña. La confirmación de la identidad es relevante porque podría orientar la investigación hacia posibles conexiones internacionales o hacia disputas vinculadas a grupos criminales asentados temporal o permanentemente en Cataluña.
Por ahora, no consta que los Mossos hayan comunicado públicamente la detención del autor material. Tampoco se ha informado de la recuperación del arma empleada ni de la existencia de un móvil definitivo. La hipótesis de una ejecución vinculada al crimen organizado aparece en el contexto general de los últimos tiroteos, pero no debe confundirse con una conclusión judicial cerrada. La investigación deberá determinar si el asesinato de la calle Mineria responde a una disputa concreta, a un encargo, a una venganza o a una pugna entre grupos.
El hecho de que el crimen se produjera en un patio interior añade dificultad a la reconstrucción. Los investigadores deben apoyarse en testigos, cámaras de seguridad, análisis balístico, trayectoria de los disparos, posibles restos en la escena y movimientos previos de la víctima. En delitos de estas características, el tiempo de ejecución suele ser mínimo: el autor se aproxima, dispara y huye por una ruta previamente elegida o improvisada. Esa rapidez limita la capacidad de respuesta policial en el momento exacto del ataque.
La repetición del escenario ha alimentado la inquietud vecinal. La misma calle ya había sido noticia el 16 de mayo, cuando otro hombre fue asesinado a tiros a plena luz del día. Aquel homicidio se produjo hacia las siete y media de la tarde y, según ElCaso.cat, la víctima tenía antecedentes por delitos relacionados con drogas. El pistolero escapó hacia la zona de la estación de tren. La investigación también quedó bajo secreto y en manos de la DIC.
Aunque ambos crímenes ocurrieron en la misma vía, algunos medios han señalado que, por ahora, la policía no habría establecido una relación directa entre los dos hechos más allá de la coincidencia territorial. Esa cautela es importante. La cercanía de dos asesinatos no implica automáticamente una misma trama, una misma organización o una misma guerra criminal. Pero tampoco puede descartarse que la calle, el barrio o determinadas personas del entorno formen parte de un escenario de disputa aún no visible públicamente.
El asesinato del 7 de junio se produjo, además, pocos días antes de otro crimen que multiplicó la alarma: el homicidio del 10 de junio en la calle Balmes, en pleno centro de Barcelona, frente a una oficina de la Policía Nacional y durante el dispositivo de seguridad por la visita del papa León XIV. Esa muerte elevó a seis el número de asesinatos con arma de fuego registrados en Cataluña en lo que va de 2026.
La secuencia es preocupante. En marzo murió un hombre en un tiroteo en un bar-karaoke de Badalona. Días después, otro joven fue asesinado en un parque de L’Hospitalet de Llobregat. En abril, un hombre vinculado a la mafia de Kotor cayó tiroteado en una terraza del Poblenou, en Barcelona, en un contexto relacionado con la guerra entre clanes de Montenegro. En mayo llegó el primer crimen de la calle Mineria. El 7 de junio, el segundo. Y el 10 de junio, el asesinato de Balmes.
Los Mossos han situado esta escalada dentro de un fenómeno más amplio: la presencia de armas de fuego en entornos de criminalidad organizada. La policía catalana identifica especialmente a narcotraficantes y grupos criminales como los perfiles que más preocupan, porque utilizan las armas no solo para defender plantaciones o cargamentos de droga, sino también para ajustar cuentas, intimidar o eliminar rivales. La marihuana aparece en el diagnóstico policial como uno de los motores de esa violencia: plantaciones, robos entre bandas, deudas, secuestros, amenazas y armas cortas cada vez más presentes.
La calle Mineria simboliza ese cambio de fase. Ya no se trata solo de tiroteos nocturnos en escenarios marginales o de conflictos ocultos entre delincuentes. Algunos asesinatos se están produciendo en espacios abiertos, en zonas residenciales, ante vecinos y con riesgo evidente para terceros. Un disparo en un patio interior, una acera o una terraza no solo alcanza al objetivo elegido. Puede impactar en cualquier persona que se encuentre en el lugar equivocado.
Esa es una de las preocupaciones que Interior ha verbalizado tras los últimos crímenes: el riesgo de la llamada consecuencia exocriminal, es decir, que una persona ajena al conflicto acabe herida o muerta por una bala perdida. La violencia entre criminales deja de ser un problema interno cuando se traslada a la calle y amenaza a vecinos, peatones o clientes de un bar.
La respuesta policial posterior ha incluido un macrodispositivo en Barcelona centrado en zonas sensibles como la Zona Franca, Sant Andreu, Nou Barris, Sant Martí y el eje de Balmes. Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y seguridad privada participaron en controles e identificaciones. El operativo se saldó con trece detenidos por distintos motivos y decenas de identificaciones, aunque no se comunicó que esas detenciones resolvieran directamente el crimen de la calle Mineria.
La cuestión de fondo es más compleja que la presencia puntual de patrullas. Los propios Mossos han admitido la dificultad de prevenir estos ataques cuando responden a decisiones rápidas de grupos criminales o a encargos de sicariato. No funcionan como la multirreincidencia clásica, que permite detectar patrones de zona, hora o método. Un sicario puede estudiar a la víctima, esperar una oportunidad y disparar en segundos.
Por eso, Interior ha planteado endurecer las penas por tenencia ilícita de armas y por cultivo y tráfico de marihuana a gran escala. El objetivo es dificultar la circulación de pistolas en entornos criminales y elevar el coste penal de los negocios que financian buena parte de esa violencia. Pero la medida legislativa, por sí sola, no resolverá la pregunta inmediata que pesa sobre la calle Mineria: quién mató al hombre del 7 de junio y por qué.
La investigación debe aclarar ahora varios puntos esenciales: la identidad definitiva de la víctima, su posible relación con entornos criminales, el número exacto de disparos, la ruta de huida del autor, el arma utilizada y la posible conexión con el asesinato del 16 de mayo. También será clave determinar si ambos crímenes comparten actores, contexto o motivación, o si la Zona Franca ha sido escenario de dos conflictos distintos que han coincidido en el mismo punto de la ciudad.
Mientras no haya detenciones ni conclusiones judiciales, todas las hipótesis deben manejarse con cautela. Lo que sí resulta evidente es que Barcelona afronta una fase de violencia armada más visible, más audaz y más difícil de anticipar. La calle Mineria, con dos muertos en menos de un mes, se ha convertido en uno de los símbolos más duros de esa nueva realidad.
El crimen del 7 de junio no es solo un suceso aislado. Es una pieza más de una cadena que obliga a mirar más allá del disparo: hacia las armas que circulan, las redes que las compran, los negocios ilícitos que las financian y los espacios urbanos donde esas disputas terminan estallando. La víctima cayó en un patio interior de la Zona Franca, pero el eco del disparo alcanzó a toda Barcelona.
