La Audiencia Nacional vuelve a mirar a Venezuela para localizar a De Juana Chaos y otros 13 miembros de ETA huidos
Toni Martinez 
La Audiencia Nacional reactiva la locallización de etarras huidos a Venezuela.
El juez Francisco de Jorge pide auxilio judicial a Caracas tras el cambio político en el país y solicita también información a Estados Unidos sobre los datos que pueda aportar el exjefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal
La Audiencia Nacional ha reactivado la búsqueda de José Ignacio de Juana Chaos y otros 13 miembros de ETA huidos de la justicia española que, según las pesquisas, se encontrarían o habrían residido en Venezuela. El juez Francisco de Jorge ha enviado una comisión rogatoria a las autoridades judiciales venezolanas para que faciliten información sobre su paradero, su situación actual y su posible vinculación con estructuras de apoyo a antiguos integrantes de la organización terrorista.
La decisión se apoya en el nuevo escenario político abierto en Venezuela. En su resolución, fechada el 19 de mayo, el magistrado sostiene que el reciente cambio en el país permite pensar en una colaboración que hasta ahora no se había producido. Durante años, Caracas rechazó solicitudes de extradición o cooperación alegando, entre otros motivos, un convenio bilateral de los años ochenta que amparaba la presencia de antiguos miembros de ETA en territorio venezolano.
Entre los nombres sobre los que se reclama información figura De Juana Chaos, uno de los antiguos miembros de ETA más conocidos, junto a José Luis Eciolaza Galán, Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, María Artola Echeverría, Ángel María Lizarbe Oses, Luis María Olalde Quintela, José Ángel Uriz Zabaleta, Arturo Cubillas Fontan, Javier Urruti Imaz, Asunción Arana Altuna, Juan José Aristizábal Cortejarena, Asier Guridi Zaloña, Jesús María Huerta Fernández e Ignacio Echevarría Lanzábal.
La investigación se enmarca en una causa abierta en 2024 sobre el denominado Colectivo de Huidos Políticos Vascos, conocido por sus siglas en euskera como EIPK. La Guardia Civil sostiene que esta estructura habría servido para mantener el control, la asistencia y el seguimiento de miembros de ETA asentados en terceros países. El juez quiere determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los reclamados dentro de ese entramado.
La iniciativa llega a petición de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, personada como acusación popular, pese a que la Fiscalía se opuso a estas diligencias al considerarlas innecesarias. La asociación defiende que Venezuela ha sido durante décadas uno de los principales refugios de miembros de ETA huidos y que el nuevo contexto político puede abrir una vía para obtener información o incluso futuras entregas a España.
La Audiencia Nacional también ha solicitado colaboración a Estados Unidos. El juez pide datos del procedimiento seguido contra Hugo Armando Carvajal, conocido como El Pollo, exjefe de la inteligencia militar venezolana, por si en esa causa constara documentación sobre la presencia de miembros de ETA en Venezuela. Carvajal ya afirmó en el pasado disponer de información sobre antiguos integrantes de la banda refugiados en el país sudamericano.
La resolución no supone una entrega inmediata ni una orden de detención ejecutada, sino un intento de reabrir una vía de cooperación judicial que durante años estuvo bloqueada. Pero el movimiento tiene una fuerte carga simbólica: la justicia española trata de aprovechar una ventana política inédita para localizar a huidos de ETA con posibles cuentas pendientes y para esclarecer si, tras el final de la banda, subsistieron redes de apoyo fuera de España.