Toni Martinez 
Trama de visados en Argel.
La Audiencia Nacional sitúa el foco en el consulado español y en presuntos pagos por documentos Schengen
La Audiencia Nacional investiga una presunta trama de falsificación de visados con epicentro en el consulado de España en Argelia. La Policía Nacional detuvo en España al canciller Vicente Moreno, número dos de la representación diplomática en Argel, y a un trabajador argelino de la Embajada. Ambos quedaron en libertad provisional con medidas cautelares tras comparecer ante la juez instructora.
La causa está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 3, cuya titular, María Tardón, investiga una red que presuntamente facilitaba visados a cambio de dinero. Los fondos obtenidos habrían sido blanqueados posteriormente en España, con la compra de vehículos como una de las vías investigadas. Las pesquisas no descartan otros mecanismos de reintroducción del dinero en el circuito económico legal.
Las detenciones se produjeron cuando los investigados se encontraban en territorio español. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal arrestó al canciller y al trabajador argelino, y practicó entradas y registros en Sagunto, Valencia, y Torrevieja, Alicante. Tras declarar por videoconferencia ante la juez, ambos quedaron en libertad provisional.
Los delitos bajo investigación son organización criminal, cohecho, favorecimiento de la inmigración ilegal, blanqueo de capitales y falsedad documental. En la operación también participan la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales, especializada en redes de inmigración irregular y falsificación documental, y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.
El elemento estratégico reside en la naturaleza del visado Schengen. Un documento expedido de forma irregular no solo permite entrar en España, sino circular por el espacio común europeo durante el periodo autorizado. Por ello, una trama de estas características afecta simultáneamente a la seguridad fronteriza, a la integridad documental, a la cooperación europea y a la credibilidad de los controles consulares.
The Objective, medio que adelantó parte de la información, atribuyó a fuentes policiales la existencia de una estructura que habría facilitado visados a cambio de compensaciones económicas. El Confidencial también informó de que la operación apuntaba a la venta fraudulenta de visados y al blanqueo posterior mediante inversiones en España, como la adquisición de vehículos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó la existencia de una inspección en curso en el consulado español en Argel y señaló que estaba a la espera de notificación judicial para adoptar las medidas oportunas. La investigación se produce en un contexto de recomposición diplomática entre España y Argelia, lo que añade relevancia institucional al caso.
La implicación operativa es evidente: los sistemas de visados son infraestructura crítica de seguridad documental. Cuando se detecta corrupción interna, el riesgo no es solo administrativo, sino policial y fronterizo. El estado actual es de investigación judicial abierta, con los principales investigados en libertad provisional y diligencias orientadas a determinar el alcance real de la trama, el número de visados afectados y el circuito económico del presunto blanqueo.