Toni Martinez 
Eurostat constata un aumento del 150% en una década, aunque advierte de que los datos reflejan delitos denunciados y registrados por la policía
La Unión Europea registró en 2024 casi 100.000 violaciones conocidas por las autoridades policiales, una cifra que confirma el fuerte incremento de la violencia sexual denunciada durante la última década. Según los datos publicados por Eurostat, las policías europeas contabilizaron 256.302 delitos de violencia sexual, entre ellos 98.190 violaciones, lo que representa el 38% del total de infracciones sexuales registradas.
El aumento no es puntual. En comparación con 2023, los delitos de violencia sexual crecieron un 5%, con 12.097 casos más, mientras que las violaciones aumentaron un 7%, con 6.291 delitos adicionales. La evolución a diez años muestra una tendencia aún más acusada: entre 2014 y 2024, las infracciones de violencia sexual subieron un 94%, con 124.350 casos más, y las violaciones aumentaron un 150%, casi 59.000 delitos adicionales.
Eurostat subraya, sin embargo, que la lectura de las cifras exige cautela. La estadística se basa en delitos registrados oficialmente por la policía, por lo que no equivale de forma automática a la prevalencia real de la violencia sexual. El organismo comunitario señala que el incremento puede estar vinculado, al menos en parte, a una mayor concienciación social, a cambios en la disposición de las víctimas a denunciar y a la evolución de los sistemas de registro policial. La comparación entre países tampoco es sencilla. Las legislaciones nacionales no definen siempre de la misma manera los delitos sexuales, los procedimientos policiales de registro varían y las tasas de denuncia dependen de factores sociales, institucionales y culturales. Eurostat recuerda que estas diferencias pueden limitar la comparabilidad directa entre Estados miembros, incluso cuando los datos se presentan dentro de una misma serie europea. En el caso de España, Europa Press recoge que se registraron 5.222 violaciones en 2024, frente a 1.239 en 2014, lo que supone un aumento del 322% en una década, muy por encima del crecimiento medio comunitario. El dato debe interpretarse en el mismo marco metodológico: son hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y comunicados a efectos estadísticos, no una medición completa de todos los delitos efectivamente cometidos. La publicación de estos datos llega en pleno debate europeo sobre la armonización legal del concepto de violación. El Parlamento Europeo respaldó el 28 de abril de 2026 una definición basada en el consentimiento, bajo el principio de que solo un consentimiento afirmativo puede considerarse válido, y pidió a la Comisión Europea que proponga una legislación común para toda la UE. Actualmente, los Estados miembros aplican definiciones distintas. Reuters recuerda que la Unión Europea aprobó en 2024 unas primeras normas mínimas para combatir la violencia contra las mujeres, pero la propuesta de incluir una definición común de violación fue retirada entonces por la oposición de varios países. Esa disparidad jurídica afecta a la investigación, persecución y comparación estadística de los delitos sexuales.
Desde el punto de vista policial y de seguridad pública, el aumento sostenido de denuncias obliga a reforzar varias líneas de trabajo: atención especializada a víctimas, formación en toma de denuncia, preservación temprana de pruebas, coordinación sanitaria y judicial, análisis criminológico de patrones y mejora de los sistemas estadísticos. La cuestión no es solo cuantitativa. También afecta a la confianza de las víctimas en las instituciones y a la capacidad del sistema para investigar hechos que, con frecuencia, se producen en entornos de proximidad y sin testigos directos.
La lectura de Eurostat apunta a una doble realidad. Por un lado, la violencia sexual registrada crece de forma intensa en Europa. Por otro, una parte de ese aumento puede reflejar que más víctimas están acudiendo a la policía o que los sistemas nacionales están registrando mejor este tipo de delitos. En ambos casos, el dato exige respuesta institucional: prevención, protección, investigación eficaz y criterios homogéneos para no invisibilizar una criminalidad que históricamente ha estado infradenunciada.