Un exetarra contrata a una empresa “desokupa” en Bilbao y desata la indignación vecinal
Toni Martinez 
Empresa Horus Desokupa en Bilbao
El barrio bilbaíno de San Francisco vivió el pasado lunes un episodio de gran tensión social tras conocerse que un exmiembro de ETA, identificado como Josu Álvarez Pérez, había contratado a una empresa privada de desocupación para recuperar un piso de su propiedad ocupado desde hacía meses. El intento de desalojo, realizado por la empresa Horus Desokupa, terminó en un enfrentamiento verbal entre los vecinos y los operarios, obligando a intervenir a la Ertzaintza para evitar disturbios.
Álvarez Pérez fue condenado en 2006 por colaboración con ETA, tras facilitar la huida de varios miembros de la organización terrorista hacia Francia. En la actualidad, reside en Bilbao y mantiene en propiedad un inmueble en la calle Mena, en el corazón del barrio de San Francisco, una zona conocida por su diversidad cultural y por los frecuentes conflictos de convivencia. Según el propietario, los actuales inquilinos llevaban meses sin pagar el alquiler y habían transformado la vivienda en un piso patera, introduciendo a personas sin su consentimiento.
Una intervención polémica
La empresa contratada, Horus Desokupa, es una de las muchas compañías que operan en España ofreciendo “recuperación de viviendas” para propietarios con problemas de okupación. El pasado lunes, cuatro de sus trabajadores —vistiendo indumentaria negra y camisetas con símbolos nacionales— acudieron al edificio para ejecutar la intervención. Su presencia generó una reacción inmediata entre los vecinos, que acusaron a la empresa de tener vínculos con la extrema derecha y se concentraron para impedir la acción.
Testigos presenciales relatan que cerca de un centenar de personas rodearon el portal gritando consignas contra los desokupas y el propietario. La situación escaló rápidamente, y la Ertzaintza tuvo que intervenir para evitar enfrentamientos físicos. Finalmente, los agentes escoltaron a los operarios y al propio Álvarez fuera del barrio, y el desalojo no llegó a efectuarse.
Debate sobre los límites de las “desokupaciones”
El suceso ha reabierto el debate sobre la legalidad y legitimidad de las empresas dedicadas a desocupar inmuebles, un fenómeno en auge en toda España. Aunque estas compañías afirman operar dentro de la ley, muchos juristas y organizaciones vecinales denuncian que actúan en un vacío legal, rozando en ocasiones la coacción o la usurpación de funciones judiciales.
En este caso, la polémica se amplifica por la identidad del propietario. Que un antiguo miembro de ETA haya recurrido a un grupo percibido como de ideología opuesta ha provocado sorpresa y malestar entre los residentes del barrio. Algunos vecinos consideraron la presencia de los desokupas como una “provocación” y denunciaron el uso de métodos intimidatorios. Otros, en cambio, defendieron el derecho del propietario a recuperar su vivienda si existía impago o incumplimiento contractual.
Una fractura social visible
El Ayuntamiento de Bilbao no ha emitido todavía un pronunciamiento oficial, aunque fuentes municipales han señalado que la situación de convivencia en San Francisco preocupa desde hace tiempo. Las fuerzas de seguridad mantienen la vigilancia en la zona para prevenir nuevos altercados, mientras la empresa Horus Desokupa ha asegurado que su intervención fue “estrictamente legal” y que actuaron a petición legítima del dueño.
Este incidente pone de manifiesto las tensiones crecientes entre derecho a la propiedad, ocupación, ideología y seguridad ciudadana. Lo que empezó como un conflicto privado terminó convertido en un símbolo de la complejidad social y política que aún pervive en ciertos barrios de Bilbao.