Desmantelan en Castellón una granja ilegal de criptomonedas que defraudó 150.000 euros en luz
Toni Martinez 
Agentes de la Guardia Civil desmantelando una granja de criptomonedas ilegal
La Guardia Civil ha desmantelado en el municipio de l’Alcora (Castellón) una granja ilegal dedicada a la minería de criptomonedas que operaba mediante una conexión fraudulenta a la red eléctrica. El fraude, valorado en unos 150.000 euros, pone de relieve el crecimiento de un nuevo tipo de delito que combina el uso de tecnología avanzada con el aprovechamiento ilícito de recursos energéticos.
La operación comenzó cuando el Equipo Roca de la Guardia Civil, especializado en delitos vinculados al ámbito rural e industrial, detectó un consumo eléctrico anómalo en una nave situada en un polígono del municipio. El lugar, aparentemente inactivo y sin actividad industrial visible, registraba un gasto energético similar al de una fábrica en pleno funcionamiento.
En un principio, los agentes sospecharon que se trataba de una plantación de marihuana, un tipo de instalación que suele generar picos de consumo eléctrico por el uso constante de lámparas y sistemas de ventilación. Sin embargo, al acceder al interior de la nave, los investigadores se encontraron con una escena muy distinta: decenas de equipos informáticos de alto rendimiento, conectados a sistemas de refrigeración y ventilación que operaban sin interrupción para minar criptomonedas.
El detenido, un hombre de 33 años, había alquilado la nave industrial y establecido acometidas eléctricas ilegales para alimentar los equipos sin registrar el consumo ante la compañía suministradora. De esta forma, consiguió mantener la actividad de minado sin asumir el enorme coste energético que implica este tipo de operación, logrando así beneficios económicos ilícitos a costa del fraude.
La empresa eléctrica afectada estimó las pérdidas en unos 150.000 euros, cifra que corresponde al valor de la energía consumida durante el tiempo que la granja estuvo en funcionamiento. La Guardia Civil confiscó todos los equipos informáticos y el material técnico utilizado, y el caso ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Castellón.
Según fuentes de la investigación, este tipo de fraudes se está volviendo cada vez más frecuente. Las “granjas” de criptomonedas, que requieren una gran cantidad de energía para procesar operaciones digitales y validar bloques en las redes de blockchain, se han convertido en una nueva fuente de delincuencia energética. La rentabilidad del negocio depende en gran medida del coste de la electricidad, lo que ha llevado a algunos individuos a recurrir al enganche ilegal a la red como vía de lucro.
Más allá del perjuicio económico, las autoridades advierten que estas instalaciones suponen un riesgo para la seguridad. Las conexiones ilegales pueden provocar sobrecargas, cortocircuitos e incendios, además de comprometer la estabilidad del suministro eléctrico en zonas industriales o residenciales cercanas.
El caso de l’Alcora refleja cómo el delito tecnológico evoluciona junto con los avances digitales. Ya no se limita al fraude informático o las estafas virtuales: ahora se extiende al terreno físico, donde la infraestructura energética se convierte en un objetivo. Los investigadores insisten en la importancia de reforzar la vigilancia del consumo eléctrico irregular como herramienta para detectar este tipo de actividades clandestinas.
La Guardia Civil continúa investigando si el detenido actuaba por cuenta propia o formaba parte de una red más amplia dedicada a la minería ilegal de criptomonedas en la Comunidad Valenciana. Mientras tanto, el caso se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo el mundo digital y el crimen energético pueden confluir en una misma trama.