La Guardia Civil libera a 25 mujeres explotadas sexualmente por una red en Ibiza
Toni Martinez 
Las víctimas procedían de entornos especialmente vulnerables, eran atraídas a España con falsas ofertas de trabajo y una vez en territorio nacional eran obligadas a prostituirse para pagar deudas
La operación Gecaroni deja cuatro detenidos, cuatro registros y cerca de 120.000 euros intervenidos tras descubrir un sistema de captación mediante falsas ofertas de empleo
La trata de mujeres en Ibiza investigada en la operación Gecaroni ha permitido liberar a 25 víctimas y detener a cuatro personas por su presunta participación en una organización dedicada a la explotación sexual. La Guardia Civil sitúa el núcleo del entramado en la isla y sostiene que las mujeres eran captadas con falsas ofertas laborales, trasladadas a España y obligadas después a prestar servicios sexuales para saldar una deuda impuesta de unos 5.000 euros.
El operativo culminó el 5 de octubre tras varios meses de investigación. En cuatro registros practicados en distintos puntos de Ibiza se intervinieron cerca de 120.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes, dispositivos electrónicos y material utilizado para vigilar y organizar la actividad. La causa está dirigida por la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza.
Trata de mujeres en Ibiza
Las víctimas procedían de entornos especialmente vulnerables y eran principalmente jóvenes venezolanas de entre 18 y 25 años. La organización les habría ofrecido trabajos en hostelería o manicura para convencerlas de viajar. Al llegar al aeropuerto, integrantes del grupo las recogían, les retiraban parte de sus pertenencias y el dinero que llevaban y las trasladaban a inmuebles vinculados al entramado.
Una vez instaladas, les comunicaban que habían contraído una deuda aproximada de 5.000 euros. Esa cantidad debía pagarse, según la investigación, mediante servicios sexuales. Las mujeres permanecían disponibles bajo un sistema de control estricto y la organización utilizaba su situación administrativa irregular para infundirles temor y reducir la posibilidad de que acudieran a la Policía, a centros sanitarios o a recursos de asistencia.
La Guardia Civil atribuye provisionalmente a los cuatro detenidos posibles delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la prostitución coactiva, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.
Coacciones y vigilancia sobre las víctimas
Los investigadores documentaron vigilancia directa y sistemas de videovigilancia destinados a controlar los movimientos de las mujeres. Los contactos con clientes se gestionaban mediante aplicaciones de mensajería. Parte de la captación se realizaba exponiendo a las víctimas en determinados puntos de la zona de ocio de Platja d’en Bossa, desde donde podían ser trasladadas a domicilios de clientes.
La actividad se concentraba principalmente durante los meses de verano, coincidiendo con la temporada turística. Al finalizar ese periodo, la organización trasladaba parte de su actividad a otros puntos de la península.
La vulnerabilidad económica, la ausencia de una red de apoyo cercana y el temor derivado de una situación administrativa irregular habrían sido utilizados como mecanismos de sometimiento. La deuda impuesta, la retirada inicial de dinero y pertenencias y el control de los desplazamientos aparecen como elementos conectados.
Dinero, drogas y posible blanqueo
La investigación sostiene que el grupo obtenía ingresos tanto de la explotación sexual como de la venta a clientes de potenciadores sexuales y sustancias estupefacientes. Los beneficios habrían permitido a algunos integrantes mantener un elevado nivel de vida, con viviendas de lujo y vehículos. En los registros se encontraron drogas, numerosos dispositivos y cerca de 120.000 euros cuya procedencia deberá acreditarse en el procedimiento.
Los agentes analizan además la posible utilización de sociedades vinculadas al responsable de la red para introducir los beneficios en el circuito legal.
Situación judicial e investigación abierta
La causa está tutelada por la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ibiza.
En el dispositivo participaron unidades de Policía Judicial de Baleares, el equipo especializado Zulu-Bravo, la Unidad Central Operativa, los Grupos de Reserva y Seguridad, la Unidad de Seguridad Ciudadana y el Servicio Cinológico. La investigación permanece abierta para analizar los dispositivos intervenidos, seguir el rastro del dinero, identificar posibles colaboradores y garantizar que las víctimas accedan a protección y asistencia.