El informe del CENIF sobre Ceuta describe una operación por fases y señala un «guiado activo» marroquí
Toni Martinez 
El informe del CENIF sobre Ceuta describe una operación por fases y señala un «guiado activo» marroquí
El análisis policial aprecia planificación previa, coordinación digital y una táctica para colapsar la frontera, pero no identifica al autor intelectual ni acredita una orden del Gobierno de Rabat. La Fiscalía se inclina por que la Audiencia Nacional investigue lo ocurrido.
El informe del CENIF sobre Ceuta ha cambiado el centro de la discusión sobre la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio de 2026. La cuestión ya no es únicamente cómo consiguieron cruzar la frontera más de 70.000 personas en apenas unas horas, sino si aquella movilización fue espontánea, si la alentaron redes de tráfico o si existió una estructura capaz de coordinar la propaganda, los desplazamientos y la actuación sobre el terreno.
El documento de 55 páginas elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional se inclina claramente por la hipótesis de una acción organizada. Habla de «planificación previa», de una posterior planificación táctica y de un «guiado activo» de grupos hacia los puntos de paso por parte de miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes. Sin embargo, el propio análisis no identifica a la persona o autoridad que habría diseñado el operativo ni establece una cadena de mando que conduzca hasta el Gobierno de Marruecos.
Esa diferencia es decisiva. El informe reúne indicios que cuestionan la versión de una avalancha fortuita, pero no constituye una resolución judicial ni prueba por sí solo que Rabat ordenara la operación. Será la Audiencia Nacional la que deba determinar si existe base suficiente para abrir una investigación penal y qué hechos pueden atribuirse a personas o estructuras concretas.
Qué es el CENIF y qué valor tiene su informe sobre Ceuta
El CENIF forma parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. La Orden INT/859/2023 publicada en el BOE le atribuye funciones de inteligencia criminal en inmigración y fronteras, la elaboración de informes especializados y la coordinación estratégica de su impacto operativo. También participa en los mecanismos nacionales de contacto y coordinación con Frontex.
No es, sin embargo, una unidad de investigación judicial en sentido estricto ni dispone de agentes desplegados en Marruecos. Su trabajo consiste en cruzar y analizar información procedente de distintas fuentes. En este caso examinó imágenes, vídeos, publicaciones abiertas, grupos de mensajería, entrevistas a migrantes, movimientos observados junto a la frontera y datos asociados a teléfonos utilizados durante aquellas jornadas.
El informe fue entregado el 1 de septiembre a la magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3. La jueza había abierto diligencias previas tras una denuncia de Iustitia Europa y pidió a la Policía Nacional que aclarase si la entrada había sido una acción concertada o dirigida por una organización. También solicitó otro informe a la Guardia Civil, todavía pendiente, sobre los rescates, los fallecidos, los supervivientes y los posibles avisos anteriores a la crisis.
La alerta del 29 de julio no es el informe retrospectivo
Uno de los puntos que más confusión ha provocado es la existencia de dos tipos de documentos. Por un lado está el informe retrospectivo de 55 páginas, entregado a la Audiencia Nacional en septiembre. Por otro, las alertas operativas difundidas antes y durante la crisis.
Según la documentación publicada, el CENIF emitió ocho avisos entre el 29 de julio y el 4 de agosto. El primero, identificado como TIFA-3136, advertía el 29 de julio de un riesgo potencial de entradas irregulares al día siguiente. Contemplaba tres escenarios: accesos a nado; accesos a nado combinados con saltos a la valla; y ambas modalidades de forma coordinada. Este último supuesto recibía una probabilidad media-baja, pero una calificación de riesgo extremo.
La alerta demuestra que existía una señal previa específica. No anticipaba, sin embargo, la dimensión final del episodio ni calculaba que decenas de miles de personas pudieran alcanzar Ceuta. La Dirección General de la Policía ha descrito este tipo de aviso como frecuente y ha sostenido que no anunciaba una entrada masiva como la que finalmente se produjo. El debate pendiente no es solo si hubo una advertencia, sino quién la recibió, cómo fue evaluada y qué medidas provocó.
De las redes abiertas a los grupos cerrados
El análisis policial sitúa la movilización digital entre los principales indicios de planificación. Los llamamientos comenzaron en plataformas abiertas como Facebook, Instagram y TikTok. A medida que se aproximaba el 30 de julio, parte de las comunicaciones se trasladó a sistemas de mensajería y grupos cerrados, donde aparecieron instrucciones sobre horarios, puntos de reunión y recorridos desde Tánger, M’Diq y Fnideq —Castillejos— hacia la frontera.
El CENIF aprecia un patrón deliberado en la activación y desaparición de perfiles, la repetición simultánea de mensajes y la combinación de contenidos verdaderos con otros engañosos. Entre los elementos utilizados para dar credibilidad a la convocatoria figuraron interpretaciones distorsionadas de una sentencia del Tribunal Supremo sobre los rechazos en frontera por vía marítima, el proceso extraordinario de regularización y la supuesta ausencia de vigilancia.
La elección del 30 de julio, Día del Trono en Marruecos, tampoco es considerada neutra por los analistas. La celebración de actos oficiales en M’Diq y la presencia de las máximas autoridades marroquíes en la zona pudieron alimentar la percepción de que los efectivos habituales estaban dedicados a otros cometidos. El informe interpreta ese contexto como una posible forma de consentimiento tácito ante los participantes. Se trata de una inferencia analítica: no demuestra que el rey Mohamed VI conociera o autorizara los hechos.
La táctica descrita: saturar primero y reducir después la respuesta
El informe del CENIF sobre Ceuta divide la entrada en varias fases. En la primera, la concentración de personas en las proximidades del espigón del Tarajal y los accesos por mar habría obligado a los servicios españoles a desviar efectivos hacia tareas de salvamento. Al mismo tiempo, las zonas de recepción y contención comenzaron a saturarse, reduciendo los recursos disponibles para vigilar otros puntos del perímetro.
Una vez desbordado el primer dispositivo, el perfil de las personas que accedían fue cambiando. A las primeras oleadas, formadas principalmente por varones jóvenes, se añadieron familias, mujeres y menores. Según la interpretación policial, esa modificación restringió todavía más las posibilidades de respuesta, porque cualquier intervención debía priorizar la protección de personas vulnerables y evitar un resultado aún más grave.
El CENIF identifica así dos objetivos sucesivos: colapsar la gestión fronteriza y, después, neutralizar de hecho la capacidad española para recuperar el control con rapidez. El documento considera que la coincidencia de lugares, franjas horarias, métodos de entrada y cambios de perfil no encaja con un movimiento enteramente desordenado.
Por qué el informe señala a fuerzas de seguridad marroquíes
La parte más comprometida del informe se refiere a lo ocurrido en el lado marroquí. Las imágenes y vídeos analizados muestran, según el CENIF, una presencia de seguridad muy inferior a la habitual en carreteras, rotondas, playas y accesos próximos al Tarajal. El documento también identifica a uniformados que habrían dado indicaciones para superar obstáculos y facilitado la llegada de vehículos de gran tonelaje con numerosos ocupantes.
Junto a ellos aparecen hombres de paisano que caminaban en sentido contrario al flujo, se situaban fuera de las rutas utilizadas por la multitud y observaban el avance. El análisis los califica como agentes dinamizadores y les atribuye comportamientos compatibles con funciones de control, liderazgo o supervisión. En algunas secuencias, según el informe, se les ve impartir indicaciones a personal uniformado.
También se analizaron los teléfonos presentes en la zona. Un 90,8% de la muestra utilizaba prefijos marroquíes, un dato coherente con la procedencia mayoritaria de los participantes pero que, por sí mismo, no identifica a los organizadores. El valor del indicio reside en su combinación con las comunicaciones, los horarios y las conductas observadas sobre el terreno.
La comparación con el 15 de agosto ocupa un lugar importante. Una segunda convocatoria, más explícita en redes, fue contenida durante más de 48 horas por el dispositivo marroquí. Para el CENIF, aquella capacidad de control contrasta con la escasa oposición registrada el 30 y el 31 de julio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció el 3 de septiembre que durante unas diez horas la Gendarmería permitió que se cruzara la frontera, aunque señaló que todavía no se ha determinado si se debió a inacción o a incapacidad.
Las mafias no explicarían una movilización de esta escala
El CENIF descarta que las organizaciones de tráfico de personas conocidas en la zona pudieran organizar por sí solas una operación semejante. Su capacidad habitual, según el análisis citado por Reuters, no superaría unos 300 migrantes al día, muy lejos del volumen registrado en Ceuta.
Además, no se ha identificado el incentivo económico que normalmente guía a estas redes en la preparación de los cruces. Sí consta que grupos criminales aprovecharon después la situación. El informe contabiliza 148 personas trasladadas irregularmente desde Ceuta a las costas de Cádiz y Málaga en 29 embarcaciones entre el 30 de julio y el 19 de agosto.
La conclusión policial no conduce automáticamente a una autoría estatal. Únicamente sostiene que la coordinación digital, logística y presencial observada rebasa las capacidades conocidas de las redes locales y obliga a investigar una estructura de mayor alcance.
Una posible estrategia de «zona gris» con efectos geopolíticos
El documento considera que la finalidad migratoria pudo actuar como «cobertura formal» de una operación con efectos más amplios. Solo alrededor del 10% de quienes cruzaron permanecía en España según los cálculos manejados por el CENIF, mientras la mayoría regresó a Marruecos en las horas o días posteriores.
El informe enumera consecuencias institucionales, económicas, asistenciales y sociales: saturación de los servicios, presión sobre el sistema sanitario, deterioro de la seguridad pública, difusión de desinformación, pérdida de confianza y agitación política. En el exterior, aprecia un daño para la imagen de España y dudas sobre su capacidad para proteger una frontera europea.
Los analistas encuadran estos efectos en las denominadas estrategias de «zona gris»: acciones graduales, ambiguas y difíciles de atribuir que permanecen por debajo del umbral de una agresión convencional. El documento señala una continuidad operativa con las crisis de 2021 y 2024 y entiende que la experiencia acumulada habría permitido perfeccionar los procedimientos.
También califica el cuestionamiento posterior del Centro Nacional de Inteligencia como una «acción de contrainteligencia ofensiva de manual». El matiz importa: no afirma que toda la entrada fuera, en sí misma, una operación de contrainteligencia, sino que la crisis y la controversia posterior sirvieron para erosionar la credibilidad del CNI y evidenciar fallos de coordinación entre instituciones españolas.
El punto donde terminan los indicios del CENIF
El informe habla de una autoría intelectual previa y otra material simultánea, de un planeamiento superior y de reparto de funciones. No identifica, sin embargo, a su autor intelectual, no reconstruye una cadena jerárquica completa y no aporta una orden atribuible al Gobierno marroquí.
Esta limitación explica buena parte del choque entre el contenido del documento y la respuesta del Ministerio del Interior. El director general de la Policía, Francisco Pardo, comunicó a Fernando Grande-Marlaska que ningún informe atribuye a Marruecos la planificación o ejecución de la entrada. Los responsables de Información y Extranjería añadieron que no se había establecido la implicación de ningún gobierno, servicio, agencia o persona y que seguía sin conocerse la autoría intelectual.
Las dos posiciones no son totalmente incompatibles. El CENIF atribuye conductas concretas de facilitación y guiado a miembros de las fuerzas marroquíes e infiere una organización superior. La cúpula policial responde que esos indicios no permiten todavía responsabilizar a un Estado ni identificar al cerebro de la operación. Confundir ambos niveles convertiría una hipótesis de inteligencia en una conclusión penal o diplomática que el informe no demuestra.
Marruecos ha negado una permisividad deliberada. Ha señalado a las redes de tráfico, a la difusión en redes sociales y a la interpretación de la sentencia del Supremo. Su ministro de Justicia afirmó que los agentes evitaron intervenir para impedir un derramamiento de sangre. Sánchez sostuvo ante el Congreso que ninguna institución española, europea o internacional había aportado pruebas sólidas de que Rabat diseñara o ejecutara la entrada, aunque admitió que las fuerzas marroquíes permitieron los cruces durante el periodo de máxima presión.
La Fiscalía se inclina por que la Audiencia Nacional investigue
La controversia política no resuelve el problema jurídico. María Tardón debe decidir si la Audiencia Nacional es competente y si los indicios justifican una investigación penal por los delitos denunciados, relacionados con la inmigración ilegal y la seguridad del Estado.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha asumido personalmente las diligencias por su singularidad y trascendencia. Según fuentes jurídicas citadas el 3 de septiembre, la Fiscalía se dispone a informar a favor de la competencia del tribunal. Aun así, la decisión corresponde a la jueza, que espera el informe de la Guardia Civil antes de resolver.
La Ciudad Autónoma de Ceuta ha acordado además personarse como acusación particular para defender los intereses públicos afectados y reclamar, en su caso, las responsabilidades penales y civiles que se determinen. La crisis dejó servicios desbordados, miles de personas sin alojamiento estable y un elevado número de víctimas. En su comparecencia parlamentaria del 3 de septiembre, Sánchez elevó a 141 la cifra de fallecidos, aunque Associated Press señaló que ni Moncloa ni Interior precisaron entonces cómo se había elaborado ese balance.
Un informe relevante, pero no la respuesta definitiva
El informe del CENIF aporta una reconstrucción coherente y técnicamente relevante: detecta señales previas, una campaña digital estructurada, concentración logística, cambios de perfil, supervisión presencial y conductas de facilitación atribuidas a agentes marroquíes. También ofrece una explicación táctica de cómo una frontera fue desbordada en pocas horas.
Pero quedan preguntas esenciales. Falta conocer la identidad de quienes administraron los principales canales, verificar la afiliación de las personas de paisano, reconstruir la cadena de comunicaciones, determinar qué autoridades recibieron las alertas y aclarar por qué el despliegue marroquí fue tan distinto el 30 de julio y el 15 de agosto. Sobre todo, falta probar si las actuaciones observadas respondieron a decisiones individuales, a una permisividad coyuntural o a instrucciones de una estructura estatal.
Por eso el documento cambia la naturaleza del caso sin cerrarlo. Hace difícil sostener que todo fue espontáneo y desplaza el foco más allá de las mafias, pero no permite presentar como hecho probado que el Gobierno de Marruecos organizó la entrada masiva. Esa frontera entre indicio, análisis de inteligencia y prueba judicial marcará la investigación que ahora puede abrirse en la Audiencia Nacional.
Fuentes consultadas y documentación
- Informe y conclusiones del CENIF publicados por Demócrata.
- Orden INT/859/2023 sobre la estructura y las funciones de la Policía Nacional.
- Claves del informe y de las diligencias judiciales publicadas por El País.
- Contenido del informe sobre planificación y guiado activo publicado por Europa Press.
- Respuesta del director general de la Policía recogida por la Agencia EFE.
- Situación de las diligencias y posición de la Fiscalía publicada por la Cadena SER.
- Decisión de Ceuta de personarse como acusación particular.
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